Adrián V.C., considerado uno de los más peligrosos maltratadores lucenses y condenado en 2010 a 16 años y medio de prisión por varios delitos de lesiones y agresión sexual contra su entonces pareja, empezará este sábado a disfrutar de su primer permiso penitenciario, de tres días de duración. Su salida activó los protocolos de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (Ufam) de la Policía Nacional de Lugo, que ya había sido avisada hace días por parte de la prisión de Bonxe de la inminencia de esta salida para que fuera poniendo en alerta a la víctima y adoptando las medidas precisas.
Entre esas medidas, que se sumarán las ya severas recomendadas por la junta de tratamiento de Bonxe al juzgado de Vigilancia Penitenciaria, se añadirá además a la adoptada este mismo viernes por la magistrada Inmaculada Santamaría, a petición tanto de la Policía como de la propia víctima: Adrián V.C. deberá llevar en todo momento una pulsera de posicionamiento GPS que hará sonar la alarma en la sede policial en cuanto se acerque a una distancia de menos de 500 metros de su expareja. De hecho, la adopción de esta medida retrasó un día su salida de permiso, que estaba prevista para el viernes.
Lo primero que hay que aclarar es que este permiso es totalmente legal y, según pudo saber este diario, cuenta con el respaldo de la junta de tratamiento de Bonxe, pero no del juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que se lo denegó. El preso recurrió ante la Audiencia Provincial, que fue la que autorizó la salida.
Además, la decisión de los expertos de la prisión (un órgano formado por psicólogos, educadores, juristas y trabajadores sociales) no estuvo exenta de debate ante la persona de la que se trataba. Para hacerse una idea, baste señalar que un preso puede solicitar permisos penitenciarios una vez cumplida la cuarta parte de su condena. No es un derecho (incluso puede cumplir la condena al completo sin que se le conceda ninguno si la junta de tratamiento, la Fiscalía y los jueces coinciden en que no cumple las condiciones), pero si completa los programas de reeducación adecuados, muestra arrepentimiento y buen comportamiento suele conseguirlos. En el caso de Adrián V.C. ha tenido que cumplir dos tercios de su condena total, más de diez años, para que se le otorgue este primer permiso, y eso con mucho debate interno, desacuerdo judicial y unas medidas de control extremas.
RAZONES. En ese debate sobre la ponderación de derechos pesó finalmente el mucho tiempo transcurrido en prisión y la necesidad de que Adrián V.C. vaya poco a poco preparándose para su inevitable regreso a la sociedad una vez que se cumpla su condena. No se puede olvidar que cuando fue condenado tenía 22 años y que hasta diciembre de 2020 no cumple los 33, por lo que aún en el caso de que no consiga la libertad hasta dentro de seis años será muy joven cuando regrese a la calle. Deberá ser en estas salidas controladas en las que vaya demostrando que está capacitado para reintegrarse en la sociedad, dado que por mandato constitucional el sistema penitenciario español tiene entre sus objetivos principales la reinserción. Al parecer, últimamente el preso también aceptó participar en algunos cursos de reeducación y comenzó a pagar parte de las indemnizaciones a las que fue condenado.
También en el debate se tuvo en cuenta que existía la posibilidad de establecer todas las medidas necesarias de protección a la víctimas, e incluso de reforzarlas con las que ella pidiera, como ha sido el caso del sistema de control por GPS.
En estas circunstancias, Adrián V.C. pisará este sábado por primera vez la calle desde que hace más de diez años ingresara en prisión.
En otras ocasiones, la sorprendía cuando ella llegaba por la noche al piso donde vivía o cerca de algún lugar de ocio y le apagaba cigarrillos en la cara y en las manos. Durante dos años la mantuvo en un estado de terror constante.
Los delitos
La Audiencia Provincial, en una sentencia luego confirmada por el Supremo, lo condenó a doce años por agresión sexual; a un año por cada uno de los dos delitos de lesiones en el ámbito familiar; por otras dos lesiones, a otros seis meses por cada una; y a un año y medio por violencia habitual en el ámbito familiar.