La magistrada Carmen Lamela ha respondido con cierta severidad al auto de inhibición de Pilar de Lara en favor de la Audiencia Nacional en la investigación sobre Aquagest que inició la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo. Mediante el mismo le remite de nuevo la pieza a De Lara al considerar que la AN no es competente.
Tal y como recoge el auto, difundido por Confilegal, Lamela comienza señalado a De Lara por haber ordenado diligencias durante 30 meses a pesar de no tener competencias en el caso, dado que se había inhibido. “Pese al dictado del auto de fecha de 28 de julio de 2015 por el que se acuerda la inhibición, sin que tampoco se exprese ni argumente cuál es el motivo para persistir durante más de 6 años en esa actuación, y para remitir el testimonio de las actuaciones dos años y medio después del dictado de inhibición, con una adición de 35 tomos más, hasta un total de 40 en los cuales se han documentado las actuaciones”, señala. Añade, citando dos autos del Supremo, que "se ha mantenido la competencia durante un tiempo prolongado y se han adoptado importantes injerencias sin que existan motivos que justifiquen la resolución de inhibición’, como ha ocurrido en el caso que nos ocupa”.
De Lara asumía en su auto que Aquagest habría cometido delitos en dos Comunidades Autónomas "habiendo obtenido amplios beneficios", a lo que Lamela contesta que la magistrada de Lugo no ha adjuntado un informe sobre los "beneficios ilícitamente obtenidos y perjuicios ocasionados", algo necesario para que la AN asumiese la pieza. “El juez [en referencia a De Lara] que pretende la inhibición reconoce que aún no están cualificados los beneficios ilícitamente obtenidos y perjuicios ocasionados, por lo que difícilmente puede afirmarse que ello suponga una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o la economía nacional”, señala Lamela.
De Lara apuntaba en su auto 12 supuestos delitos relacionados con el caso, aunque desde la AN la magistrada señala que: "De los 12 delitos que se relacionan en el auto de inhibición, únicamente uno de ellos el delito de fraude a las Administraciones Públicas (…) podría estar en el ‘concepto’ de defraudación que utiliza la Ley Orgánica del Poder Judicial".
