La reclamación por la fábrica de la luz va hacia un funcionario y un exconcejal

La alcaldesa puso en marcha el procedimiento para dirimir si hay responsabilidad patrimonial por el fallido contrato
Instalaciones de la fábrica de la luz, durante una visita de ediles populares. EP
photo_camera Instalaciones de la fábrica de la luz, durante una visita de ediles populares. EP

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, firmó este jueves el decreto que pone en marcha el procedimiento para dirimir la posible responsabilidad patrimonial por el fallido contrato de la fábrica de la luz, por el que el Concello acabó indemnizando a la empresa Inca por casi 2,5 millones de euros.

Según recoge el decreto, y en base a un informe de la asesoría jurídica municipal, la investigación se dirige hacia el exconcejal Daniel Piñeiro, que era el responsable político de ese contrato cuando se perdió la concesión de aprovechamiento hidroeléctrico que dio al traste con el proyecto, y hacia un funcionario del área de medio ambiente, que era el técnico responsable del contrato con la empresa Inca.

La puesta en marcha de este procedimiento es resultado de un acuerdo plenario promovido por el PP y tomado por unanimidad en junio del año pasado, aunque no sería necesaria esta petición porque la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público ya establece esta obligación, tal como recordó ayer el equipo de la alcaldesa.

La manera en que se puso en marcha el procedimiento fue criticada por el PP, que ve anómalo que esté apoyado en un informe del asesor jurídico municipal y que la persona encargada de llevarlo a cabo sea la alcaldesa. Los populares consideran que ambos son parte implicada, por lo que deberían inhibirse, pidió el viceportavoz del PP, Antonio Ameijide. Este recordó que el asesor llevó a cabo la defensa del Concello en los tribunales en el caso de la fábrica de la luz y que, anteriormente, asesoró al gobierno local en diferentes momentos en el que hubo problemas con el contrato con Inca y con los permisos para actuar en el río. Sobre la alcaldesa, el PP cree que como tal es responsable última de lo sucedido, en parte porque recibió avisos, entre ellos de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, advirtiéndole de que el Concello debía solicitar la renovación de la concesión eléctrica si no quería perderla.

Esta solicitud se hizo, pero fuera del plazo establecido debido, según se explicó en su momento, a que hubo cambios legislativos sobre los periodos establecidos para ello. En un primer momento, la CHMS se mostró dispuesta a atender la petición, e incluso instó al Concello a tramitarla cuando el plazo que se manejaba inicialmente ya se había superado, pero después cambió de opinión, apoyándose en un informe de la Abogacía del Estado.

El gobierno local defendió ayer que ahora, como antes, actúa conforme a lo que marca la ley y que esta establece que la responsabilidad patrimonial, si la hubiese, solo puede pedirse a quien tuvo implicación directa. En este caso serían los responsables del contrato, tanto en la parte técnica como en la política. Ese es el criterio también de otros profesionales jurídicos del Concello. Hacer responsable a la alcaldesa sin haber tenido intervención directa es "jurídicamente indefendible", aseguran. Si no fuera así, sí sería improcedente que fuera ella quien pusiera en marcha el mecanismo para tratar de dirimir responsabilidad patrimonial.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA.. Otra cuestión es hasta dónde se quiera llevar la responsabilidad política. "Lara Méndez é a máxima responsable das decisións que se toman neste Concello e ela estaba ao tanto da situación, polo que non pode escorrer o vulto e debe inhibirse deste proceso por se ten algún tipo de responsabilidade", afirmó este viernes Ameijide. Este informó de que puso el asunto en conocimiento de los asesores jurídicos del PP, ya que, recordó, el partido está dispuesto a ir «ata o final» en este caso para que no sean los lucenses quienes tengan que pagar por una actuación que la justicia consideró "negligente". Con el decreto aprobado esta semana se incoa el procedimiento y se nombra instructor, que será el secretario del Concello.

Por lo que respecta a quienes serán investigados, el funcionario se mostró este viernes "muy tranquilo" porque considera que cada paso que se ha dado en el expediente de la fábrica de la luz, que acumula cientos de folios y se remonta a hace más de diez años, desde el punto de vista administrativo ha sido el "correcto", asegura. Piñeiro, por su parte, rechazó pronunciarse sobre un procedimiento que está "regrado" y en el que habrá oportunidad de hacer "alegacións" y "aclaracións".

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