Los tres radares fijos que tiene el Concello de Lugo están de nuevo en funcionamiento, desde el martes, después de que obtuvieran la renovación de la homologación por parte del Centro Nacional de Metrología. Dos radares están colocados de forma permanente en la Ronda da Muralla, justo antes del edificio multiusos de la Xunta y después de la Porta Miñá, y el tercero se alterna entre la Avenida de Madrid e Infanta Elena.
Los radares fueron apagados el 20 de febrero, cuando caducó el certificado de verificación, que suele concederse por un año y no se puede renovar con antelación porque los aparatos tienen que ser enviados a San Cibrao das Viñas (Ourense) para su revisión física. Es el mismo procedimiento que se sigue con cualquier radar, incluidos los de la Dirección General de Tráfico (DGT). Aunque los cajones que albergan los radares son fijos, los aparatos pueden no estar o estar apagados desde que caduca su verificación hasta que son retirados para enviarlos a la delegación que el Centro Nacional de Metrología tiene en Ourense.
El gobierno local no suele informar de si los radares están en funcionamiento o no porque considera que confirmar que están apagados puede hacer que conductores imprudentes cometan peligrosos excesos de velocidad. El Concello incluso podría incurrir en un "ilícito", por revelación de información que podría poner en peligro la seguridad, advierte el equipo de Lara Méndez.
Los radares instalados en la ciudad suponen la principal fuente de ingresos por multas del Concello. De las casi 25.000 sanciones que se impusieron en el año 2017, 9.223 correspondieron a excesos de velocidad detectados por estos dispositivos. Los radares contribuyeron a rebajar mucho la velocidad en las vías donde están colocados, aunque Cs denunciaba recientemente que no sirven para un control efectivo en la Ronda porque hay vehículos que solo respetan la zona 30 cuando pasan junto a los dispositivos.
La cámara colocada junto a la gasolinera Martínez para detectar vehículos que pasan el semáforo en rojo sigue apagada desde principios de 2016, con una sentencia del Tribunal Supremo que rechazó un recurso de un ayuntamiento vasco contra la sentencia de un juzgado que había anulado una multa de fotorrojo por carecer el aparato de control metrológico. A raíz del fallo del Supremo se puso en entredicho la legalidad de estos dispositivos. El gobierno lucense la defiende porque asegura que el tribunal inadmitió el recurso por una cuestión procedimental y no entró al fondo del asunto. Pese a ello, decidió apagar el aparato para evitar recursos a multas.
