Serán absueltos los cuatros empresarios que se sentaron el viernes en el banquillo de los acusados del juzgado de lo Penal número 1 de Lugo, tres lucenses y un canario, porque les atribuían que emitieron facturas falsas para que un constructor pudiese defraudar más de 328.491 euros a la Agencia Tributaria.
El ministerio fiscal retiró el delito contra la hacienda pública que les imputaba y adujo que ya había prescrito el de falsedad en documento mercantil, pues los hechos ya databan de los años 2008 y 2009.
Esa modificación en las conclusiones del ministerio público hizo que los cuatro procesados ya no tuviesen que prestar declaración en esta vista oral.
La Fiscalía solicitaba tres años de prisión para tres de los procesados, así como una multa de 471.882 euros para cada uno. Para el cuarto pedía seis años de cárcel y una multa de 985.475 euros.
En el banquillo de los acusados también se tendría que haber sentado el constructor lucense al que estos cuatro proveedores le emitieron facturas, pero no pudo comparecer en el juicio debido a su delicado estado de salud. Este también se enfrentaba a una solicitud de condena del ministerio público de seis años de prisión y 985.475 euros de multa.
Los hechos se remontan a 2008 y 2009. La Fiscalía acusa a este constructor de presentar facturas falsas para presuntamente defraudar a la Agencia Tributaria más de 328.491 euros en total en los impuestos de sociedades y del Iva de ambos ejercicios.
El fiscal sostenía en su acusación inicial que la Agencia Tributaria puso de manifiesto que "varias facturas presentadas, tanto las recibidas de los proveedores como las emitidas a los clientes, contienen anomalías sin corresponder a operaciones reales".
El ministerio público alegaba además que las facturas "no se corresponden con servicios reales, no hay contratos que las documenten y nunca llegaron a ser ni reclamadas, ni cobradas".
Al hecho de que se haya tardado más de una década en celebrarse este juicio, se suma que el abogado de uno de los acusados falleció, por lo que esta semana el juzgado nombró un letrado de oficio para que asumiese su defensa. Este solo dispuso de un día para examinar los seis tomos y los más de 3.000 folios de que consta este procedimiento, que concluirá con una sentencia absolutoria para los cuatro empresarios que fueron juzgados ayer en el Penal número 1 de Lugo.
