Una moción del PP en la que pedía al gobierno local la aprobación definitiva del 5% del PXOM, pendiente desde 2011, ya que los populares consideran que la Xunta hizo los deberes y ahora el trámite está en manos del Concello, sirvió para que el gobierno explicara cómo está el asunto, después de meses sin informar de ello. Y el resumen, según el edil de Urbanismo, Álvaro Santos, es que por una supuesta mala praxis de la Xunta, la tramitación está en lo que parece un callejón sin salida. Considera que "a aprobación vai ser moi difícil", aunque cree que "hai opcións, pero que "hai que querer", remacha, en alusión a la Xunta.
El embrollo viene porque en junio el Concello envió el PXOM a la Xunta y esta tardó casi tres meses -el plazo máximo legal- en informarlo porque no sabía que ya le había llegado, según las explicaciones dadas entonces. El informe fue favorable condicionado a que el Concello completara y corrigiera algunos aspectos, pero como la Xunta no hizo ese requerimiento en el mes siguiente a recibir el documento -el plazo estipulado por ley, explica el gobierno municipal-, la administración local no pudo atender esa petición en el tiempo que correspondía.
Esas modificaciones todavía no están realizadas a día de hoy, confirmó Santos, pero, cuando lo estén, el gobierno local considera que alguien tiene que darles el visto bueno porque lo contrario sería descargar una responsabilidad en la administración local que esta no parece dispuesta a asumir.
Santos contactó con la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil para que esta diga si cabe o no un nuevo pronunciamiento por su parte, después del informe favorable que emitió en 2019. Si concluye que no es preceptivo, el gobierno no descarta enviar el documento subsanado a la Xunta otra vez, pero el procedimiento sería "un invento administrativo que podería traer moita cola", en caso de que alguien que esté en desacuerdo con el plan lo recurriera, como es por ejemplo el caso de Adega, que ya presentó recursos en otros momentos.
Además, el propio Santos no quiere ser objeto de "reproche por un ilícito administrativo", dice, aunque eso provoque que le acusen de "non impulsar o procedemento", algo que niega. Asegura que desde hace meses busca la forma de aprobar el plan "coa maior fortaleza xurídica", asegura.
De la aprobación del 5% PXOM dependen desarrollos urbanísticos al lado del Hula y la regularización de parte de la planta de Leite Río y la ampliación de la misma, que la propiedad prevé llevar a cabo con fondos europeos, para lo que existen unos plazos de solicitud. También afecta a propietarios de varias núcleos rurales.
