Muchos negocios de Lugo apagaron el aire acondicionado en un día en el que reinó la confusión en la aplicación de las nuevas medidas para el ahorro energético a las que están obligados, desde este miércoles, los comercios, los negocios hosteleros y los edificios de la administración.
La aplicación de las medidas fue desigual y estuvo marcada por un profundo desconcierto de trabajadores y empresarios en cuanto a cómo llevarlas a cabo. Los establecimientos, en general, optaron por apagar el aire, abrir puertas y ventanas e instalar ventiladores para mantener una temperatura agradable para los clientes. El nuevo decreto del Gobierno central prohíbe bajar la temperatura del aire acondicionado más allá de los 25 grados y obliga a tener la puerta de los locales cerrada en todo momento del día.
Hubo de todo. Bares y restaurantes que para poder seguir ofreciendo un ambiente cómodo para el cliente, sin dejar de cumplir la ley, optaron por instalar potentes ventiladores. Evitando así, a la vez, tener que cerrar unas puertas que, en muchos casos, ni existen por las propias características de los establecimientos.
El histórico Café Bar Centro, por ejemplo, no tenía operativo el aire acondicionado. Cuenta con un sistema de aireación a través de ventiladores y así no tiene que instalar puertas correderas en un local histórico, porque esta sería la única forma con la que se podría cerrar el local tal y como pide el gobierno en el real decreto. Desde la dirección del café, explicaban que la normativa "es confusa", porque va contra la legislación vigente sobre higiene y seguridad alimentaria. "No se puede entender que pidan mantener una cocina a 25 grados. Tienen que aclarar si prima más el ahorro energético o la seguridad alimentaria de los clientes", reflexiona su propietario.
Otros establecimientos comerciales que no conocían, u obviaban, las medidas mantenían el aire acondicionado a 18 grados. Sin embargo, estos comercios ya acostumbraban a mantener las puertas cerradas, antes de que se les impusiera, por la pura lógica de evitar poner el aire acondicionado en vano, "que a todos nos cuesta dinero mantener una temperatura decente en el local", explicaba una empresaria del centro histórico de la capital.
CASAS DE PIEDRA. Una ventaja importante con la que cuentan lugares de restauración y tiendas de la ciudad es que un número importante de las del centro se ubican dentro de antiguas casas de piedra que se mantienen frescas. Esto les permite no tener la necesidad de encender el aire ningún día de calor intenso.
CORRIENTE. Los negocios, que cuentan con más de un acceso o amplias ventanas, aprovechaban las corrientes de aire como un mecanismo alternativo para conseguir una aceptable climatización que impidiera la acumulación del calor en el interior.
QUEJAS. El descontento ante las nuevas medidas era bastante generalizado. Las críticas se centraban principalmente en considerar improcedente obligar a los negocios a cumplir unas medidas que consideran inútiles. Otras señalan el hecho de que, con la escalada de la crisis energética, las precauciones para seguir evitando la trasmisión del Covid-19 en los negocios ya no importan, y también se escuchaban comentarios sobre el daño que con estas decisiones se puede hacer a la viabilidad económica de las empresas por ponerles más difícil ofrecer un emplazamiento que sea confortable para el cliente.
EXENCIONES. Las farmacias y las ópticas están exentas de cumplir estas medidas de ahorro energético porque los establecimientos sanitarios no están incluidos en el real decreto que recoge expresamente que se aplica a los establecimientos administrativos, comerciales y a aquellos privados o públicos de pública concurrencia. Aunque desde las oficinas de farmacia y los establecimientos sanitarios de óptica aseguran que hay que esperar a las nuevas medidas que el Gobierno plantea implantar a partir del mes de septiembre, ya que no tienen ninguna garantía de que se vayan a librar de nuevo.
Estas sanciones podrían quedar sin efecto por la falta de concreción de las medidas, la dificultad para aplicar la norma y una posible invasión de las competencias autonómicas. La legislación es nacional, pero la función de vigilar que se cumpla y de multar recae sobre las comunidades. Esto supone que serán las policías autonómicas y locales las encargadas de sancionar.
La Xunta ha decidido que la competencia de aplicación sea asumida por la Consellería de Economía pese a que no saben aún cómo la articularán.
