La provincia de Lugo supera los 97.000 perros, casi un tercio de sus habitantes

Más de 1.850 canes pertenecen a razas consideradas potencialmente peligrosas, un listado que el Gobierno prevé eliminar para evitar prejuicios "injustos". La nueva ley tendrá en cuenta el comportamiento individual de cada animal
Un lucense pasea un perro con correa y bozal por las calles de la capital. ADRA PALLÓN
photo_camera Un lucense pasea a su perro con correa y bozal por las calles de la capital.

El Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía (Regiac) tiene registrados en la actualidad algo más de 97.000 perros en la provincia de Lugo (97.601 a fecha de 3 de septiembre), una cifra equivalente a casi un tercio de sus habitantes, que rondan los 300.000.

Este padrón, en el que son inscritos los canes cuando un veterinario les implanta el microchip, contabiliza alrededor de 14.000 perros solamente en Lugo municipio, una cifra muy superior a la que figura en el registro municipal, con menos de 3.500 inscripciones (3.402 cuando arrancó el presente mes de septiembre).

Este baile de cifras se debe más al desconocimiento y a falta de información que a la dejadez de los propietarios, ya que muchos suponen que resulta suficiente con inscribir a los cuadrúpedos en el registro autonómico y no los registran en el municipal. Sin embargo, los dos trámites son obligatorios y deben realizarse antes de que el animal cumpla tres meses. En caso de un cambio de titularidad, tiene que formalizarse antes de un mes.

Incumplir la obligación de inscribir a los perros en el Concello de Lugo es una conducta que está tipificada en la ordenanza municipal como falta leve, lo que puede acarrear el pago de multas de entre 100 y 500 euros. Además, si los perros están considerados como potencialmente peligrosos, la sanción puede elevarse hasta los 5.000 euros, ya que se considera falta grave. Realizar esta inscripción en el Ayuntamiento lucense es un trámite sencillo y gratuito.

PELIGROSOS. Tanto el Regiac como el registro municipal distinguen a los perros potencialmente peligrosos de los canes que pertenecen a otras razas. A nivel autonómico hay contabilizados actualmente más de 1.850 animales (1.857 a fecha de 3 de septiembre) de las 15 razas peligrosas incluidas en el listado de la Xunta de Galicia: Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dobermann, Dogo Arxentino, Dogo de Bordeos, Dogo do Tíbet, Mastín Napolitano, Presa Canario, Presa Mallorquino, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Akita Inu y Bullmastif. Y en el registro municipal, de los 3.402 perros inscritos a principios del presente mes, 449 pertenecían a estas razas.

Elegir como mascota a un animal de estas características obliga al propietario a solicitar una licencia especial -válida para un periodo de cinco años y también gratuita- vinculada a una serie de requisitos. El solicitante tiene que presentar un certificado de penales para demostrar que no fue condenado por homicidio, lesiones, torturas, delitos contra la integridad moral, la libertad sexual o la salud pública, asociación con banda armada o narcotráfico. También es necesario aportar un certificado de aptitud psicológica que acredite que no está incapacitado para cuidar al animal y además es obligatorio que contrate un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, con una cobertura mínima de 125.000 euros. Y, obviamente, no puede tener sanciones anteriores por infracciones con este tipo de mascotas.

MODIFICACIÓN. Tengan el carácter y el comportamiento que tengan, bueno o malo, los perros de las razas potencialmente peligrosas son considerados más agresivos que los demás y sus propietarios tienen que sacarlos a pasear con bozal. Sin embargo, esta situación puede cambiar a corto plazo, ya que el Gobierno nacional ha puesto en marcha un proyecto de modificación de la Ley 50/99 que prevé la eliminación del listado de perros potencialmente peligrosos para evitar prejuicios que consideran «injustos». Según lo previsto, la nueva ley tendrá en cuenta el comportamiento individual de cada animal, y no su raza, a la hora de tomar o no precauciones especiales por parte de los propietarios.

La mayor parte de los veterinarios apoyan este cambio, ya que aseguran que la peligrosidad de un perro depende de sus características indiviuales y no de su raza. Además, consideran que un buen comportamiento canino pasa obligatoriamente por una buena educación. De hecho, la nueva normativa tiene previsto establecer la obligación de educar a determinados canes con técnicas de mejora del comportamiento. Para ayudar a los propietarios se creará un Registro Nacional de Criadores de Compañía, junto con un nuevo Registro de Centros de Bienestar Animal. De este modo, el Gobierno pretende profesionalizar el sector y garantizar que los animales reciban un cuidado y una educación de calidad.

La nueva ley que prepara el Ejecutivo se centrará también en homogeneizar las 17 normativas autonómicas para establecer un marco general común, creando un Sistema General de Registros de Protección Animal, para identificar a los perros obligatoriamente ya antes de comprarlos o adoptarlos.

Este proyecto de ley va incluso un paso más allá y tiene previsto modificar también el Código Civil para que se reconozca a los animales como «seres sintientes», en línea con el Tratado de Lisboa. Además, el Gobierno también se ha propuesto modificar el Código Penal para actualizar al alza las penas por los delitos de maltrato animal, al considerar que las contempladas hoy en día son «bastante laxas». Actualmente, el artículo 337 del citado precepto legal castiga estas conductas con una pena de tres meses a un año de prisión. En los casos más graves, cuando se produce la muerte del animal, la condena máxima es de 18 meses de prisión e inhabilitación especial de dos a cuatro años para el ejercicio de profesión, o comercio que tenga relación con los animales y para su tenencia.

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