El propietario de Caballero Motor afronta su octavo juicio y se declara inocente

Culpó una vez más a su socio y recordó ante el juez que salió "absuelto de los otros siete casos". El fiscal solicita dos años de cárcel por estafa
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photo_camera Bajo en el que estaba Caballero Motor, en Rúa da Pomba. AEP

El propietario de Caballero Motor se sentó este lunes de nuevo en el banquillo de los acusados del Penal número 2 de Lugo y, también una vez más, se declaró inocente del delito de estafa que se le imputa. "Llevo ya ocho juicios, con este, y en los otros siete salí absuelto. Además, varias denuncias fueron archivadas", recordó ante el juez.

El acusado explicó que, en el año 2016, tenía un negocio de lavado de coches en la Rúa da Pomba y le alquiló parte de la nave a otra persona. "Eran más de 500 metros cuadrados y este chico no tenía trabajo y me pidió que le dejara meter en la parte de la instalación que estaba libre algunos coches para vender. Acordamos de palabra que me iba a dar una comisión por cada venta, pero nunca me llegó a entregar nada. Yo no participé en ningún negocio de compraventa de vehículos. Solo me dedicaba al lavado de coches y al cambio de aceite. De hecho", dijo, "a raíz de todo el lío que montó ese chico, yo tuve que cerrar la empresa".

El fiscal, sin embargo, relata en su escrito de acusación que, en marzo de 2016, el dueño de Caballero Motor recibió en depósito un Seat Ibiza para su posterior venta. Sin embargo, "sin conocimiento ni consentimiento del legítimo propietario, y sin intervención ninguna de este en la venta, procedió a venderlo con fecha de 31 de marzo de 2016".

El ministerio público argumenta que el acusado vendió el vehículo por el precio de 1.350 euros, "omitiendo los dato del verdadero propietario en el contrato privado de compraventa, haciendo figurar como vendedor a una persona que no ha podido ser localizada". El fiscal mantiene que el verdadero propietario no recibió el precio pagado por el comprador.

Por estos hechos, el propietario de Caballero Motor fue acusado de un delito de estafa en relación con un delito de falsedad en documento privado, por el que el ministerio público solicita para el hombre una condena de dos años de prisión y que indemnice al denunciante.