El empresario ourensano Ricardo Iglesias, dueño de la finca de O Garañón y promotor de la urbanización de viviendas paralizada por orden judicial, no conocía los planes de la alcaldesa de tirar las torres y convertir los terrenos en zona verde. Así lo expresó este viernes a este periódico su abogado, Javier Calvo, quien en todo caso mostró la disposición de su cliente a negociar una compensación a la posible pérdida de edificabilidad.
El abogado mostró sin embargo su sorpresa por el anuncio de Méndez y recordó que las sentencias del TSXG en las que se anulaban las licencias municipales no indican que no se pueda construir en O Garañón y solo plantean que se presente un proyecto que cuente con el visto bueno de la Dirección Xeral de Patrimonio.
De hecho, el promotor de O Garañón había trasladado al Concello el pasado año su voluntad de iniciar una negociación a tres bandas —también con Patrimonio— para tratar de consensuar un nuevo diseño urbanístico para la parcela, pero desde el gobierno local no se respondió a esa propuesta.
El letrado también recordó que los terrenos tenían reconocido en el plan de urbanismo de principios de los años 90 una edificabilidad del 2,05 por metro cuadrado, la máxima posible, la cual fue rebajada a 1,50 tras la firma del convenio con el gobierno local en 2005 que dio pie al proyecto de la torres. En base a ese acuerdo, el promotor tiene ahora derecho a cerca de 17.000 metros cuadrados de edificabilidad.
Calvo añade que la nueva propuesta de la alcaldesa supone en la práctica la anulación de ese convenio, por lo que anuncia que volverán a reclamar la edificabilidad anterior, ya que el Concello reconoce que es un suelo urbano consolidado.
El abogado explica por ello que, aunque están abiertos a negociar una compensación, continuarían con la reclamación por la vía contencioso- administrativa de una indemnización por la pérdida de los derechos edificatorios que se pueden derivar de la declaración como zona verde, así como por el coste de los edificios construidos y el lucro cesante.
En este sentido, Javier Calvo recuerda que inicialmente el propietario reclamaba al Concello una compensación por importe de casi 26 millones de euros, una cifra que considera que debe de ser revisada porque cuando se planteó, en 2011, el sector de la promoción estaba en crisis y, sin embargo, ahora se registra un aumento de los precios del suelo y la vivienda.
El abogado del promotor también confirmó que no fue presentada ninguna alegación al expediente de reposición de la legalidad de la parcela que inició el gobierno local hace unas semanas, pero advierte de que pueden reactivar el contencioso y la reclamación económica en el juzgado "en cualquier momento".
El gobierno local calculó el coste en 300.000 euros
El gobierno local presupuestó en los fallidos presupuestos municipales de 2017 una partida de 300.000 euros para ejecutar la demolición de las torres de O Garañón, una cifra que desde los grupos de oposición se considera insuficiente para una obra de estas características. Mientras, el juzgado que instruye el caso penal de O Garañón llegó a disponer de varias propuestas para demoler las torres que llegaban hasta el millón de euros, aunque había una de solo 52.000 euros que valoraba la posibilidad de una voladura.
