Los dos primeros juicios de la Carioca ya tienen fecha en la Audiencia Provincial

  • Uno sin apenas relevancia por omisión de perseguir delito podría ser clave para el resto a causa de alguna de las cuestiones previas
  • García Adán, principal proxeneta del caso, volverá al banquillo acusado de obligar a abortar a una joven que trabajaba para él
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photo_camera Adán (izquierda) sale escoltado de la Audiencia tras un juicio.

La Audiencia Provincial ya ha fijado fecha para las dos primeras vistas orales de la operación Carioca, la gran macrocausa que gira sobre las redes de prostitución en Lugo y sus relaciones con miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Las primeras en llegar a juicio, si la crisis provocada por el coronavirus no impone su suspensión, serán dos pequeñas piezas: una por un supuesto delito de aborto y otra, por omisión de perseguir delito.

En el primero de ellos, el 23 y 24 de abril, se sentará en el banquillo de los acusados el principal encausado en la operación Carioca, José Manuel García Adán, proxeneta responsable de los burdeles Queens y La Colina.

Le acompañará como encausado el ginecólogo Carlos Jesús A.M, después de que por el largo proceso judicial que siguió esta causa se fueran cayendo el resto de los investigados en esta pieza.

Sin embargo, todo apunta a que el de más enjundia para el recorrido futuro de todas las causas ligadas a la operación Carioca será el que en apariencia menos relevancia penal parece tener de los dos, el que ha de comenzar a celebrarse el 28 de mayo. El acusado, el cabo de la Guardia Civil Armando Lorenzo, otra de las piezas clave de la Carioca. El supuesto delito, no haber prestado auxilio a la entonces mujer de García Adán ante un presunto caso de malos tratos sucedido en 2006. La Fiscalía ni siquiera acusa, porque en su escrito de 2018 considera que el delito, de existir, estaría ya prescrito, así que todo se sustenta sobre la acusación particular, la defensa de la exmujer de Adán: en base al auto de procesamiento dictado en su momento por la jueza instructora, Pilar de Lara, pide para Lorenzo dos años de inhabilitación como guardia civil.

El abogado de Armando Lorenzo ha planteado una serie de nulidades y ha pedido una gran cantidad de pruebas y testimonios que han sido admitidos

Pero es que, además, el imputado hace ya un par de años que está jubilado, por lo que ni en caso de condena esta tendría mayor efecto. ¿Dónde reside, entonces, la importancia de un asunto en el que ni siquiera se solicita pena de cárcel? En las cuestiones previas, donde se solventarán dudas sobre posibles nulidades que podrían afectar a la operación Carioca en su conjunto y a todas las causas derivadas que quedan por juzgar, más de una veintena.

El abogado de Armando Lorenzo ha planteado una serie de nulidades y ha pedido una gran cantidad de pruebas y testimonios que han sido admitidos en su totalidad por la Audiencia Provincial, aplicando «un criterio amplio a fin de garantizar el derecho constitucional a utilizar los medios de prueba necesarios para la defensa», según expresó la propia Audiencia en su escrito. Estas pruebas incluyen el testimonio de varios guardias civiles que tomaron parte en el inicio de las investigaciones, entre ellos agentes de Asuntos Internos, así como de otras personas que pudieron estar presentes en ese momento.

Lo que cuestiona la defensa, y que deberá resolver como cuestión previa la Audiencia, es la legalidad misma del origen de la operación Carioca. Según esgrime, esta no se inició, como recogen los autos judiciales, por una denuncia de una supuesta víctima de Armando Lorenzo en las dependencias del cuartel ante los dos agentes que la recogieron, sino en el domicilio de otro guardia, en presencia de su mujer y de otras dos parejas. Luego, esos agentes habrían tratado de camuflar ese testimonio como una denuncia en sede oficial.

Esta es solo una de las nulidades que se tendrán que analizar, además de otras como la más evidente de la prescripción, apoyada por la Fiscalía, o la de la vulneración del derecho constitucional al juez predeterminado por la ley. Pero de salir adelante, sin duda podría afectar al resto de procedimientos, porque las sospechas de un inicio irregular de la investigación podrían contaminar todo el procedimiento de manera irremediable. Por otro el contrario, rechazar esta nulidad en este momento también podría allanar el resto de causas, donde este asunto podría darse por resuelto si así lo acordase la Audiencia Provincial.

La defensa del cabo Lorenzo pone en cuestión el origen mismo de toda la instrucción y la sitúa en una reunión de venta de cosméticos en el cuartel lucense

Avon llama a la puerta de la Audiencia

Todo lo relacionado con la operación Carioca es tan asombroso que, llegada casi a su fin, parecía que pocas cosas podían ya sorprender. Salvo que su comienzo hubiera sido una reunión informal en el salón de un guardia civil para la venta de productos Avon, la marca de cosmética que se vende puerta a puerta. Esa es, al menos, la tesis que plantea la defensa del cabo Armando Lorenzo y que se tratará de probar durante el juicio previsto en la Audiencia Provincial el 28 de mayo, para el que están citadas a declarar al menos cinco personas que supuestamente participaron en dicha reunión.

Hay que recapitular. La operación Carioca comenzó oficialmente el 24 de diciembre de 2008, cuando la jueza Pilar de Lara, al frente del juzgado de instrucción 1, abre unas diligencias por un delito indeterminado tras recibir una denuncia recogida por dos guardias civiles, en la que una mujer, exprostituta, denunciaba las amenazas a las que un cabo la había sometido y que incluían una supuesta violación, dos años antes.

Dos días después, declara secretas las investigaciones, ordena pinchar el teléfono del cabo y comienza la instrucción de un caso que en octubre de 2009 daría lugar a la entrada y registro en la propia Comandancia de la Guardia Civil, la detención de varios agentes, el desmantelamiento de media docena de burdeles, detenciones de policías nacionales, imputaciones de políticos y empresarios y un shock social como no se recuerda en Lugo.

Doce años después, se acumulan más de 250.000 folios de actuaciones en 274 tomos más otros 36 de escuchas telefónicas, medio centenar de piezas judiciales, decenas de imputados y otros tantos asuntos sobreseídos e investigados sin cargos y la propia magistrada Pilar de Lara cumpliendo una sanción por falta muy grave tras haber vulnerado derechos fundamentales de los afectados y haber generado un caos procesal del que no será fácil sacar a su juzgado.

AVÓN LLAMA AL CUARTEL. Es en estas circunstancias cuando se viene a añadir otro elemento inesperado: un planteamiento que cuestiona la legalidad misma de la investigación desde su misma raíz. Según se expone en el escrito de defensa del cabo Lorenzo, en un planteamiento que la Audiencia ha aceptado revisar al dar el visto bueno a todas las pruebas y testimonios solicitados, los dos guardias civiles, ambos compañeros y hasta entonces amigos de Armando Lorenzo, que recogieron la denuncia de la exprostituta contra el cabo y la llevaron hasta el juzgado de Pilar de Lara, no lo hicieron en la dependencias de la Policía Judicial del cuartel a las 17.00 horas del 4 de diciembre de 2008, como figura en su atestado, sino en un lugar muy diferente.

Habría sido, según se detalla, en el cuartel de Lugo en el piso de otro guardia civil, en presencia de su mujer y de su hija. Estaban además los otros dos agentes señalados y la que entonces eran novia de uno de ellos, que también prestó declaración como testigo protegida en la Carioca. También estaba otro hombre más, y todas esas personas se habían reunido para asistir a una sesión de venta de cosméticos de Avon, de la que sería representante la que luego apareció en el atestado como denunciante del cabo.

LA CADENA DE MANDO, ROTA. La cadena de irregularidades que la defensa de Armando Lorenzo cree estar en condiciones de demostrar, a juzgar por su escrito de defensa, no finaliza ahí. También está citado a declarar el mando al que al parecer se dirigieron los dos guardias civiles que levantaron el primer atestado.

Por lo que se alega, este ni siquiera era de la unidad a la que pertenecían ni ellos ni el sospechoso, sino del equipo antidrogas. Entre los tres, según el relato, toman la decisión de ignorar al resto de los mandos y deciden llamar a alguien de Asuntos Internos. Dos agentes se presentan en Lugo y se llevan el atestado.También han sido citados a testificar en el juicio en la Audiencia.

Según argumenta la defensa, esta forma de proceder tanto de los dos instructores como del sargento de la brigada antidrogas que se metió por medio vulnera la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el reglamento interno de la propia Guardia Civil.

EL TESTIMONIO EN EL SUMARIO. Otro aspecto que no deja de sorprender en todo lo relativo a la exposición de argumentos del abogado defensor sobre el episodio del ‘Avon llama a tu puerta’ es que, al parecer, todo esto ya era conocido por la propia jueza instructora porque obraba en el sumario de la Carioca, así que o bien se decidió ignorarlo o bien no se le concedió la importancia que sí parece darle el letrado.

Se llega a esta conclusión al ver que el abogado solicita que para la vista oral se aporte la declaración que en una prueba preconstituida, en julio de 2011, la propia denunciante y supuesta víctima del cabo Armando realizó en el juzgado. En la misma, vino a reconocer que, en efecto, el atestado se realizó en la casa del otro agente y no en el cuartel de la Guardia Civil. La Audiencia Provincial ha dado orden al juzgado de que se aporte dicha grabación.

En cualquier caso, serán los tres jueces que compongan la sala del tribunal provincial los que tengan que decidir si todo esto sucedió de un modo u otro y si, en el caso de que fuera verdad lo que defiende el abogado del cabo, es suficiente como para considerar que toda la instrucción posterior y las pruebas recabadas durante la misma son ilegales, fruto de la teoría del árbol contaminado.

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