El gobierno se pega "un tiro en el pie" al judicializar el concurso de la basura, sostiene el PP, cuyo viceportavoz, Antonio Ameijide, preguntó ayer por los "intereses ocultos" por los que el gobierno boicotea la adjudicación.
Ameijide mostró su temor a que el recurso ante el TSXG contra el informe del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal), que ordenaba readmitir en el proceso a la empresa Cespa, vaya a provocar retrasos en la mejora del servicio de limpieza de la ciudad y, a mayores, tenga graves consecuencias económicas.
"Méndez y Arroxo están boicoteando el concurso que ellos mismos sacaron a licitación y se arriesgan a posibles indemnizaciones millonarias en caso de que la Justicia resuelva que la postura del Tacgal es la correcta", afirmó Ameijide, que dijo que se va a dilatar la renovación del servicio y, por tanto, mejoras que urgen.
Recordó que el contrato de recogida de basura es, junto con el de transporte, uno de los más costosos para el Concello de Lugo y lleva caducado desde el año 2017. Los lucenses pagan mensualmente por el servicio 570.000 euros con reparos de legalidad.
CIUDADANOS. El edil de Ciudadanos Juan Vidal Pardo también criticó el paso dado por el gobierno y dijo que "tras años de retraso y tres paralizaciones del proceso de adjudicación, resulta indignante que el edil Miguel Fernández tenga la poca vergüenza de asegurar ahora que la decisión del Tacgal compromete la salubridad pública. Lo que realmente compromete la salubridad pública es la falta de interés del PSOE, al que no le ha importado estar desde 2017 con el contrato caducado". Opinó que Lugo está "más sucia que nunca" y dijo que el Tacgal puso en evidencia que las cosas no se estaban haciendo bien.
