El PP propone que se haga una auditoría externa para mejorar la organización del área de urbanismo, de cuyos problemas habló con representantes de los colectivos más afectados, como la Apec o los colegios de arquitectos o aparejadores. "Non sabemos se o mellor é reestruturar ou tomar outra serie de medidas, pero é imprescindible facer algo para poder desatascar a situación, algo para o que pedimos unha auditoría externa e independente", aseguró el viceportavoz Antonio Ameijide.
Explicó que es evidente que hay un problema con la concesión de licencias en Lugo y calificó de "quimera" obtener una en los 90 días de plazo que marca la ley, ya que de media son 330 si se trata de la zona urbana y 757 en parroquias del rural.
A su juicio, esa situación provoca "unha clara paralización da economía" y, como las que se tramitaron supusieron un volumen de negocio directo de 30 millones de euros, se preguntó "en que situación económica podería estar Lugo se a tramitación de licenzas se axilizase e se axustase aos prazos legais".
Los populares reclamarán el secretario municipal un informe sobre las nuevas funciones del interventor en materia de urbanismo
Ameijide explicó que los representantes de los colectivos con los que se reunió el PP lamentan que, desde el área de urbanismo, no se den citas presenciales a los interesados en tramitar una licencia y que las gestiones deben hacerse por teléfono por lo que muchas dudas tienen difícil solución y temen que eso redunde en alargar más el plazo para lograr la licencia.
Anunció que se pedirá al secretario municipal un informe sobre las nuevas funciones que la alcaldesa asignó al interventor en materia de urbanismo. "Queremos un pronunciamento técnico que clarifique se existen incompatibilidades coas novas atribucións que asumiu o interventor con respecto ás que ten como funcionario habilitado nacional", afirmó.
PXOM. Aseguró que los profesionales del sector plantean dudas sobre la resolución del 5% restante del PXOM, ya que ven de dudosa legalidad que un mismo funcionario coordine la evolución y, acto seguido, se fiscalice a sí mismo. Su temor es que, en ese caso, puedan surgir después problemas de legalidad que ralenticen una aprobación por la que se lleva esperando mucho tiempo en la ciudad.
Ameijide insistió en que la reorganización del área de urbanismo es necesaria y que debería acometerse de forma inminente, empezando con la auditoría que ayude a detectar los problemas de funcionamiento que arrastra desde hace años.
