El PP lanzó este lunes una propuesta para agilizar la aprobación de licencias urbanísticas en el Concello de Lugo, donde existe un atasco importante, que el gobierno de Lara Méndez no niega, por diversas circunstancias. Los populares proponen, como hizo la patronal de la construcción en mayo, que el Concello dé la posibilidad de que los promotores presenten sus proyectos con el aval de una Entidad de Certificación de Conformidad Municipal (Eccon).
Esta certificación habilitaría a la administración local a aprobar la licencia en un máximo de un mes —quince días en supuestos que afecten de forma especial a iniciativas empresariales—, ya que no sería necesario que los técnicos municipales informaran, según explicó el viceportavoz del PP, Antonio Ameijide.
Se trata de una fórmula que permite la Ley de Simplificación Administrativa e Apoio á Reactivación Económica de Galicia, aprobada en febrero, aunque de momento no se aplica en ningún concello. El PP plantea que esta vía sea voluntaria, de manera que se siga manteniendo el conducto convencional para quien lo desee, y temporal, hasta deshacer el atasco que hay en urbanismo. La oposición no pudo aportar este lunes datos concretos de cuántos proyectos esperan por licencia y el gobierno local, consultado por este periódico, tampoco facilitó la cifra.
Sin embargo, el equipo de Lara Méndez descarta esta propuesta porque cree que la concesión de licencias debe abordarse "con rigor, baixo procedementos garantistas, non oportunistas, que prioricen o interese xeral (inherente á función pública) e non de parte, e que, polo tanto, esixen unha alta especialización técnica no planeamento urbanístico municipal, xa que a responsabilidade final da autorización recae no Concello".
Una normativa urbanística compleja, que con frecuencia da lugar a criterios distintos de interpretación, es otra de las causas.
El gobierno está tratando de corregir este problema. Ya aprobó algunas unificaciones de criterios y prepara una ordenanza de trámites urbanísticos que ahondará en este aspecto.
Por último, el departamento de urbanismo vive una situación anómala, sin concejal propio y con un jefe de servicio de arquitectura en funciones, ya que el titular renunció y está de baja médica, al igual que el edil.
