El PP viene diciendo desde hace tiempo que irá hasta el final en el caso de la fábrica de la luz para que el Concello devuelva a los lucenses los 2,5 millones que pagó a la empresa Inca por la pérdida del derecho a rehabilitar y explotar la antigua fábrica de la luz de Lugo y prueba de ello son las alegaciones que acaba de presentar al expediente municipal que investiga lo sucedido.
Entre otras medidas, el PP pide que el instructor del expediente de responsabilidad patrimonial —el secretario del Concello— tome declaración a varios trabajadores del Concello que estuvieron relacionados con este contrato, tanto funcionarios como personal eventual; a los exconcejales de Medio Ambiente, Daniel Piñeiro, y de Economía, Ana Prieto, y a la alcaldesa, Lara Méndez.
Los populares también solicitan que se aporten algunos documentos que no figuran en el expediente, o no en el lugar que correspondería para analizar los hechos. De alguno el PP tiene constancia, como es el requerimiento que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) envió a la alcaldesa en octubre de 2016 advirtiéndole de que el plazo de obra y la concesión de explotación hidroeléctrica ligada a ella estaban a punto de expirar.
Este escrito no figura en la cronología de los trámites administrativos, denuncia el viceportavoz del PP, Antonio Ameijide. "Pedimos que figure en el lugar adecuado y se tome en consideración", indicó el concejal. Para conocer la trazabilidad que tuvo ese escrito, los populares piden que se identifique a los trabajadores que había en ese momento en el Registro y en el gabinete de alcaldía y que se les pregunte al respecto.
Otro documento clave que según el PP no figura en el expediente de investigación es aquel en el que el técnico de Medio Ambiente que estaba al frente del contrato instó a Piñeiro a que firmara la solicitud de prórroga de los permisos de obra y explotación, lo que el edil tardó más de un mes en hacer, fuera de plazo. Por esas fechas, ese técnico también pidió que el asesor jurídico del Concello se pronunciara sobre las consecuencias que tendría no cursar en plazo la solicitud ante la CHMS. El PP quiere saber si ese informe se hizo ya que no figura entre los 8.000 folios del expediente, dice.
La realización de esta solicitud fuera de plazo fue lo que acabó provocando que los permisos caducaran y que Inca pidiera que se le indemnizara, primero por vía administrativa, a lo que no tuvo respuesta, y después por vía judicial. El TSXG condenó al Concello a hacerlo en 2020, al apreciar "negligencia" en su acción.
El PP mantiene su tesis de que el gobierno local dejó caducar los permisos de la fábrica de la luz de forma intencionada, ya que ni el concejal responsable, Daniel Piñeiro, ni la alcaldesa, pueden alegar que desconocían los plazos, sostienen los populares porque tanto el técnico de Medio Ambiente, como la CHMS e Inca advirtieron de ello varias veces.
El PP critica también el papel del actual asesor jurídico del Concello. A la hora de iniciar este expediente municipal de investigación —que promovió el PP y el gobierno de Méndez apoyó porque la ley le obliga— dictaminó que la alcaldesa debía quedar al margen por no haber tenido intervención directa en el contrato, tesis que el PP no comparte.
Además, el PP cree que este funcionario, cuyo puesto como jurídico es de libre designación, es parte en el caso porque estuvo en el servicio de Contratación en varios momentos clave de este proceso y porque coordinó la defensa jurídica del Concello cuando Inca denunció en el juzgado.
El PP quiere que declare este asesor jurídico, otro ex jefe de Contratación, una exjefa de Medio Ambiente, el técnico de esta área responsable del contrato, la exedil de Economía Ana Prieto (a ella llegó la reclamación de Inca, a la que no se dio respuesta y que luego llegó a la vía judicial), Piñeiro y la alcaldesa.
