El viceportavoz del grupo municipal del PP, Antonio Ameijide, aseguró que el Concello de Lugo pagó 24.590,12 euros por un informe de cuatro caras -más de 6.000 euros por página- realizado por una consultoría externa en el que, según criticó el edil popular, ''non se dedica nin unha soa liña, nin unha mínima estimación do prezo'' que tendrán cada una de las cuatro alternativas urbanísticas que propone que se pueden acometer cuando se derriben las torres de O Garañón.
Antonio Ameijide indicó además que esa valoración económica tampoco aparece en los informes de los técnicos de arquitectura y del jefe de servicio.
El edil popular calificó como ''irresponsable'' a la alcaldesa por no contar con una valoración económica que determine ''cal é a opción menos lesiva para as arcas municipais, con maior zona verde posible e co menor impacto visual'', que eran los tres criterios a tener en cuenta en la moción aprobada por el pleno municipal hace tres años.
''Dependendo da alternativa que se escolla a hipoteca pode ser menor ou maior'', afirmó el viceportavoz popular, que considera que ''as decisións hai que tomalas con datos na man e a día de hoxe seguimos sen saber o que nos vai custar a política urbanística a carta que o PSOE fixo nas costas do Parque coas seis torres de nove pisos que aprobou construir''.
Ameijide anunció que el PP presentará una iniciativa exigiendo los estudios de costes de las distintas propuestas que presenta el informe externo, ya que considera que la decisión adoptada por la alcaldesa es ''unha fuxida cara adiante pensando unicamente en réditos electorais e en tapar a herdanza envelenada dos seus padriños políticos''.
El gobierno local aprobó recientemente una operación de crédito por importe de casi un millón para financiar la demolición del esqueleto de hormigón armado, que se prevé que se lleve a cabo el año que viene.
El concejal del PP, que exige que los ediles socialistas que concedieron la licencia paguen las indemnizaciones, solicita ''luz e taquígrafos'' en las negociaciones que mantiene la alcaldesa con el promotor para aligerar esa responsabilidad patrimonial.
El gobierno local, en tanto, consideró una simplificación la interpretación de los costes que hace el PP, ya que sostiene que la adjudicación a la empresa era no solo para elaborar el estudio previo, sino también para realizar la modificación del PXOM, trabajo que está realizando en este momento, indicó.
Sostiene que no se puede considerar que una propuesta es pobre en función del número de páginas y añade que todas las opciones presentadas fueron evaluadas e informadas por los técnicos municipales y se elaboró así una propuesta basada en una interpretación objetiva, en la que se valoraban los factores a tener en cuenta.
Se eligió finalmente una solución que es la que mejor se ajustaba a las prioridades que había establecido el pleno municipal, defendió el Concello.
