CASI TODOS LOS lucenses tienen un monumento involuntario a la burbuja inmobiliaria, uno o varios esqueletos gigantes de ladrillo y hormigón que han quedado varados en sus calles como un recuerdo fantasmagórico del desenfreno constructivo. Una expresión mayúscula de feísmo a la que, en su mayor parte, no se ve visos de solución.
Las causas son múltiples, pero en su mayoría responden a la falta de crédito, la quiebra de las empresas y la judicialización de las licencias y planes urbanísticos. Sería injusto atribuir a la crisis de 2008 todos los cadáveres inmobiliarios que pueblan Lugo porque algunos son muy anteriores, pero es indudable que la mayor parte se deben al frenazo en seco que sufrió una de las mayores fiebres constructivas que haya vivido la provincia, como el resto del país.
Xabier Díaz, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios Promotores de Edificación de Lugo, considera que en los proyectos que no han llegado al 75% de edificación "la solución va a ser la demolición". Confía en que ese sea el destino de muchas de las promociones que, "por culpa y responsabilidad de las entidades financieras", está en manos del Sareb. "Que lo demuelan y deje de figurar en el stock de vivienda en edificación porque está depreciando el valor de la vivienda; no se conoce cuándo van a salir ni el precio que tendrán cuando lo hagan ", apunta.
Raúl Veiga. Presidente del Colegio de Arquitectos: "El hecho de que se pare una obra siempre es imputable al promotor"
Los promotores que siguen en activo han encontrado una competencia muy incómoda en el sector financiero que, tras la quiebra de las empresas, asumieron promociones urbanísticas en curso. "Los bancos van a vender un producto financiero. Son capaces de gastarse 60.000 euros para arreglar un piso y venderlo luego por 35.000 porque lo que les interesa es la vinculación financiera con el cliente a largo plazo", explica. Sin embargo, las empresas, indica, no pueden vender por debajo del umbral de rentabilidad. Díaz señala que la mayor concentración de esqueletos se encuentra en la zona de A Mariña, mientras que en la capital, asegura, en su mayoría se han ido rematando.
El presidente del Colegio de Arquitectos, Raúl Veiga, considera que situaciones como esta podrían evitarse si desde el primer momento se le exigiera a la promotora una garantía de que podrá acabarlas. "Debería ser preceptivo", remata, porque el hecho de que "se pare una obra siempre es imputable al promotor". Durante la crisis, apunta, hubo mucha gente que pensó que esto era un negocio redondo cuando en realidad la construcción ha de responder a un plan de vivienda". concellos.
CONCELLLOS. En general, han sido muy contados los casos en los que las obras paralizadas se han retomado de nuevo para terminar la promoción y poner los pisos a la venta, entre otras cosas porque, ya fuera por quiebras o conflictos de legalidad, muchas promociones acabaron en los juzgados, un laberinto del que se puede tardar años en emerger. "Los concellos tenemos un problema con los esqueletos que han quedado de la crisis", admite Alfredo García, presidente de la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) y alcalde de O Barco de Valdeorras, quien señala que esta problemática "es difícil de resolver porque hay muchos que todavía están en fase concursal y no sabemos aún cuál va a ser el destino final hasta que el juez no resuelva quién es el dueño: si pasa al Sareb o si se queda el banco correspondiente con él. Otros se han ido resolviendo en la medida en que se resolvía el conflicto jurídico, aparecía un propietario claro y los concellos hemos podido ir teniendo conversaciones con ellos para que terminen".
García admite que las administraciones locales disponen de herramientas legales para ejercer un papel más activo en el control de estos esqueletos, pero casi nunca lo asumen por los costes que pudiera acarrear y porque "la norma general es esperar a que se vayan rematando las cosas", reconoce. "Es verdad que podríamos abrir un expediente y, si la licencia ha terminado, declarar la caducidad y ordenar el derribo, pero eso no resuelve el problema porque eso, además, implicaría un coste excesivo para el Concello que aún no sabe en muchos casos a quién cargar. Y además no creo que esa sea la finalidad que, desde el punto de vista de los alcaldes, entiendo que es que esa estructura se termine", explica García.
Lo normal, dice, si no hay problemas de legalidad es facilitar la prórroga de la licencia para que, si se dan las circunstancias, la obra continúe. García también admite que los concellos tienden a hacer distinciones entre tipos de promoción. "En la vivienda unifamiliar que en su momento no se dio terminado en los tres años [tiempo máximo de la licencia de ejecución] y que el propietario sigue trabajando allí y la sigue haciendo, suele haber más flexibilidad. Un edificio de viviendas o se termina o no, es una empresa y, o tiene recursos para terminarla o no. En ese sentido lo normal es que se le dé una nueva prórroga, más que nada por seguridad jurídica para el propietario, puede haber un accidente o cualquier cosa y no tendría la licencia en vigor"
