El presidente de la Plataforma en Defensa de las Cuestas del Parque Rosalía, Marcos Bourio, ha pedido este miércoles que se "minimice" la indemnización al promotor de la urbanización del Garañón, en Lugo. "Es una acción no sujeta a la legalidad. Se construyó en un sitio donde no se podía construir lo que se construyó, y se construyó con una orden de paralización encima de la mesa y se tiró para delante", censura sobre la situación de esta urbanización pendiente de derribo.
Al respecto, apunta que el constructor reclama 26 millones de euros, pero estima que el valor de esa indemnización "no llega ni a la quinta parte", lo equivalente al "valor del suelo". Bourio ha advertido que el promotor tampoco puede reclamar "lucro cesante, porque no podía construir. El lucro cesante es cero", protesta. "Hay que negociar una indemnización real, sobre el valor del suelo. A partir de ahí zona verde y para delante", defiende.
Esta asociación promovió la paralización de la obra al pie de las cuestas del parque de Lugo, y es parte de la investigación que sigue la jueza del juzgado número uno, Pilar de Lara, por la que se ha llegado a imputar al exalcalde, Xosé López Orozco, y al exconcejal de urbanismo y ex secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro.
El activista vecinal ve "viable" la propuesta lanzada por la alcaldesa, Lara Méndez, de modificar el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) para convertir en zona verde la finca de O Garañón. "En principio vemos viable calificar como zona verde la unidad de actuación. De hecho hay una parte de dicha parcela que era zona verde de dominio público. Una vez que se recalifique como zona verde de dominio público, en paralelo se tiene que hacer una acción decidida para minimizar el impacto de la indemnización", insiste Marcos Bourio.
