La pieza principal de la operación Carioca, que se ha visto reducida a la relación del cabo de la Guardia Civil Armando Lorenzo con las redes de prostitución de Lugo, sigue dando pasos hacia el objetivo final de sentar en el banquillo a los investigados. Tras el reciente auto de transformación en sumario, este jueves comunicó el auto en el que procesa a los cinco acusados de esta pieza. En el mismo, fija las fianzas que considera que cada uno debe consignar para afrontar la responsabilidad por las posibles condenas; la más elevada es la del cabo, que fija en la curiosa cifra de 333.333 euros.
Hay que recordar que Pilar de Lara propone que se procese a este agente por casi 80 delitos, los principales por agresión y abuso sexual, a los que añade otras decenas por cohecho, extorsión, omisión del deber de perseguir delitos y colaboración con la prostitución. Para resarcir civilmente a las víctimas, la jueza calcula esos 333.333 euros de fianza, si bien tampoco aclara de dónde sale esta cifra exacta.
Por un lado, escribe que "procede fijar apriorísticamente la responsabilidad civil derivada de tales perjuicios en 220.000 euros: 25.000 euros por el delito de agresión sexual; 15.000 euros por cada uno de los 9 delitos de abuso sexual en situacion concursal de prevalimiento o cohecho sexual y de este con el de acoso, y una suma de 10.000 euros por cada uno de los seis delitos de extorsión". A esto añade "otra cantidad para cubrir multas y costas, que se puede tasar en 30.000 euros".
Sin embargo, acto seguido concluye que, "teniendo en cuenta la regulación legal, procede fijar en 333.333 euros la cuantía para responder de todas las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse". Le da un plazo de un día para depositarlos.
También exige fianzas a los otros cuatro procesados: el también guardia civil y jefe directo del cabo tendría que depositar 50.000 euros, mientras que cada uno de los tres proxenetas implicados (José Manuel García Adán, José Marcos Grandío y Jesús González Varela) deberían aportar otros 15.000 euros.
No obstante, Pilar de Lara no olvida que en su auto propuso que el Estado, a través de la Dirección General de la Guardia Civil, fuera procesado y condenado como responsable civil subsidiario, ya que considera que los jefes de los dos agentes sabían lo que estaba pasando y lo consintieron durante años. Por este motivo, exige a la Administración que cubra con 220.000 euros los posibles daños causados por Armando Lorenzo y con 30.000, aquellos de los que fuera responsable su jefe.
Sin embargo, todo apunta a que estas decisiones judiciales serán recurridas ante la Audiencia, por lo que el camino hasta el juicio aún es muy largo.
