La titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, acaba de reactivar la investigación de unos de los flecos del caso Pokemon en el Concello de Lugo al llamar a declarar el próximo 7 de marzo como investigados por la presunta comisión de cinco delitos a dos de los principales imputados en esta trama de corrupción, el exconcejal socialista Francisco Fernández Liñares, y el empresario Manuel Santiso. Además, también cita como investigados al exedil de obras José Piñeiro, así como a los ingenieros municipales Pablo Fuentes, Marta Carballal y Miguel Negral.
La jueza les llama a declarar a raíz de un informe elaborado por la unidad operativa de Lugo de Vigilancia Aduanera en relación con la adjudicación por procedimiento negociado a la empresa Construcciones Sanle, propiedad de Manuel Santiso, de una obra de pavimentación y servicios en la Rúa Otero Pedrayo.
En la citación, la jueza asegura que la investigación está relacionada con la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias, revelación de información privilegiada, fraude en la contratación, alteración de los precios en los concursos públicos y cohecho.
Sanle es una de las empresas a las que de forma habitual el Concello contrata obras como la investigada, que le fue adjudicada por el sistema negociado tras haber sido invitadas otras tres firmas. Según consta en la cronología del expediente municipal de este contrato público, los ingenieros de Caminos Pablo Fuentes y Marta Carballal firmaron en mayo de 2011 la memoria del proyecto de la obra y luego el servicio de ingeniería, que dirige el primero, fue el encargado de proponer a las cuatro empresas a las que se les cursó invitación para participar en el concurso de esta obra, que tenía un presupuesto inicial de 215.236 euros.
Tras los informes preceptivos de los distintos servicios implicados, como contratación, intervención o asesoría jurídica, la entonces concejala de infraestructuras, la nacionalista Paz Abraira, propuso a la junta de gobierno local el inicio del proceso para contratar esta obra, que fue aprobada en agosto de 2011.
Acto seguido se cursó invitación a todas las firmas, entre las que se encontraba Sanle, las cuales presentaron ofertas al mes siguiente, resultando la más baja la que remitió la empresa de Manuel Santiso, que se comprometía a hacer la obra de la calle por 195.650 euros, con un aumento del plazo de garantía de seis meses.
La mesa de contratación, en la que entonces estaban representados los tres grupos municipales de aquella corporación, acordó conceder un plazo de cinco días para que tres de las empresas -ya que una había quedado excluida por ofertar un precio de la obra superior al presupuestado- presentasen nuevas propuestas que mejorase las anteriores.
SIN CONTRAOFERTAS. Sin embargo, ninguna de las tres empresas respondió a esta convocatoria, por lo que fue propuesta Construcciones Sanle como adjudicataria de la obra por el precio inicial que había ofertado.
Los trabajos fueron ejecutados a lo largo del primer semestre del año 2012 y la obra fue certificada definitivamente en el mes de septiembre.
Además del relato cronológico, el informe de Vigilancia Aduanera también identifica a los diferentes cargos públicos y funcionarios que intervinieron en el proceso de adjudicación de este proyecto, aunque entre ellos no figuran los exconcejales José Piñeiro y Francisco Fernández Liñares ni el ingeniero Miguel Negral.
Sin embargo, los tres sí que habían sido ya citados en junio de 2014 por la jueza Pilar de Lara como imputados por cohecho al haber recibido supuestamente regalos de Sanle, al igual que también habían comparecido entonces por la misma razón Marta Carballal y Pablo Fuentes, además de Manuel Santiso, todos ellos llamados ahora de nuevo a declarar como investigados.
