El caso Carioca, la más antigua de las macrooperaciones que se mantienen abiertas en el juzgado de Instrucción 1 de Lugo, verá prolongada su instrucción al menos durante un año más, después de que la jueza Pilar de Lara comunicara el auto en el que declara la causa como de especial complejidad.
La magistrada acepta de este modo la petición de la Fiscalía en el mismo sentido, y la fecha de su auto es el 27 de mayo, apenas diez antes de que se cumpliera el plazo de seis meses que marcaba la última modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta polémica reforma determina que cualquier asunto que a fecha 6 de junio no esté declarado complejo y lleve más de seis meses de instrucción, se considerará finalizado y se tendrá que decidir si se acusa o si se sobresee en base a las pruebas que existan en ese momento.
La declaración de complejidad del caso Carioca, en el que se investigan las supuestas relaciones entre el mundo de la prostitución en Lugo y algunos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, afecta a la parte principal del sumario. Hay que recordar que del mismo se han separado ya varias piezas -en principio, deberá dividirse en unas cincuenta, según la decisión de la propia De Lara- y que la declaración de complejidad para ellas deberá hacerse por separado.
La prórroga de la instrucción que establece el auto de la jueza es de año y medio, si bien ha de empezar a contarse desde el 6 de diciembre, fecha de la entrada en vigor de la nueva normativa, por lo que en realidad se alarga un año a partir de ahora.
POKEMON. Una situación similar, y por idénticos motivos, se ha dado en otra de las macrooperaciones que lleva esta magistrada, el caso Pokemon, que también está recibiendo la calificación de complejo en varias de sus piezas tras la petición de la Fiscalía en ese sentido.
El auto judicial, que lleva fecha del día 30 de mayo afecta específicamente a las investigaciones sobre las empresas del Grupo Vendex y su relación con varios de los ayuntamientos de los que obtuvo adjudicaciones de contratos públicos. Se da la circunstancia, sin embargo, de que precisamente esta pieza es la que la propia Pilar de Lara decidió, en octubre pasado, que había que enviar a la Audiencia Nacional, ya que estaban afectadas administraciones desperdigadas por toda España.
Sin embargo, todavía no se ha podido realizar dicho envío, entre otras cosas porque varias de las partes implicadas recurrieron esa decisión judicial y dichos recursos siguen pendientes de la decisión de la Audiencia Provincial de Lugo.
