El Partido Popular ha exigido que se inicie de "inmediato" el proceso correspondiente para que la alcaldesa de Lugo, "Lara Méndez, y los políticos del PSOE" paguen de su bolsillo los 2,5 millones de euros que tendrá que abonar el Ayuntamiento de indemnización a la empresa concesionaria de la Fábrica da Luz a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
El viceportavoz del grupo municipal, Antonio Ameijide, recordó que los "socialistas se comprometieron" a "ser los primeros en exigir responsabilidades" cuando hubiese una sentencia firme" en relación con la indemnización que reclamaba la concesionaria por las obras realizadas en la Fábrica da Luz y por el beneficio que ya no podrá obtener, al caducar el permiso para la explotación eléctrica de las instalaciones.
Por ello, exigió que "cumplan la palabra dada y se inicie el expediente contra la alcaldesa y su gobierno socialista, como responsables directos de todas las decisiones, según la sentencia".
"Que se inicie de forma inmediata el expediente para reclamar de oficio, y por vía administrativa, la responsabilidad de los políticos socialistas, autoridades públicas responsables en este asunto", añadió, "tal y como se acordó, por unanimidad, a iniciativa del PP, en el pleno de junio".
Además, los populares, a la vista de esa sentencia, opinan que podría haber "indicios de prevaricación", por "no haber firmado el gobierno del PSOE, en tiempo y forma, la solicitud de concesión de prórroga", así como por "otros fallos en la tramitación" que provocaron que se perdiese el derecho a la explotación.
Por su parte, el concejal de Ciudadanos Juan Vidal-Pardo dijo que esta sentencia vino a confirmar lo que su grupo denuncia desde hace años, que "la Fábrica da Luz fue un negocio ruinoso para el Ayuntamiento de Lugo".
A su juicio, es un "proyecto municipal que nació marcado por el desastre y que evidencia" que el gobierno local "no está cualificado para administrar la ciudad, dado que además de su falta de diligencia, se empeña en arrastrar las hipotecas heredadas, con el único objetivo de tapar la nefasta gestión llevada a cabo durante años por el PSOE".
Por su parte, el edil de Medio Ambiente, Álvaro Santos, confirmó que el gobierno local no se pronunciará hasta que la sentencia sea "firme" y aseguró que, entretanto, seguirá "las indicaciones de la asesoría jurídica municipal" para defender los intereses de los lucenses.
