Dos socios de una empresa lucense de grúas se enfrentan a una pena conjunta de siete años de prisión -tres años y medio para cada uno- tras ser acusados por el fiscal de un delito contra la hacienda pública al haber, supuestamente, defraudado al erario público algo más de medio millón de euros.
Los hechos iban a ser juzgados este lunes en la sala de lo Penal número 2 de Lugo, pero la vista fue suspendida debido a la huelga de jueces y fiscales.
Estos dos socios eran administradores solidarios de una empresa de grúas dedicada a la prestación de servicios y alquiler de todo tipo de máquinas industriales y de vehículos de transporte, así como a la fabricación, reparación y comercialización de estos. Esta empresa estaba vinculada a otra entidad de la que ambos acusados eran también administradores solidarios y propietarios.
Según el fiscal, hace diez años esta segunda entidad emitió dos facturas por la venta de dos grúas a la primera empresa, por importe de 800.000 y 1.450.000 euros.
La Fiscalía reclama que los socios devuelvan al Estado los 560.000 euros desgravados por dos compras fingidas
La empresa de las grúas anuló las facturas "xa que non era propietaria das grúas aparentemente vendidas", dice el fiscal. Sin embargo, aun así, registró la adquisición, tanto en su contabilidad como en el registro del Iva soportado pese a que "non as pon en funcionamento nin as paga", insiste el fiscal. De esa forma, la mencionada empresa supuestamente dedujo 360.000 euros de Iva soportado en sus declaraciones de 2008, cantidad que no fue ingresada en Hacienda.
OTRA COMPRA. Además de esta operación, hubo otra similar en la que, según el fiscal, los acusados "finxiron a compra doutra grúa" a la entidad vinculada por parte de la empresa de grúas. El modus operandi fue parecido al primero. Según la fiscalía, la empresa de grúas compra a la vinculada una grúa. La entidad vendedora anula la factura pero, en cambio, la compra queda registrada en la contabilidad y en el libro del Iva soportado de la empresa de grúas y esta vuelve a deducir 200.000 euros.
Junto con la prisión, los empresarios se enfrentan a una multa de 800.000 euros. La Fiscalía también pide que devuelvan a Hacienda los 560.000 euros de deuda por las deducciones supuestamente indebidas.
SEGURIDAD SOCIAL. Esta misma empresa de grúas fue una de las investigadas hace dos años por la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) dentro de la operación Miño, que se saldó con quince personas detenidas en Lugo, todas ellas al frente de nueve empresas que, supuestamente, adeudaban la Seguridad Social de sus trabajadores y esperaban a que el Estado estuviese a punto de embargarlas para crear una nueva empresa con la que salvar sus bienes y mantener la actividad.
Según los cálculos de la Udef, las nueve sociedades implicadas cometieron un fraude de 3.850.135 euros.
Los investigadores concluían entonces que la empresa de grúas que será juzgada por defraudar a Hacienda era una de las firmas que acumulaba más deudas con la Seguridad Social tras supuestamente haber actuado de esa manera. Se le acusaba de un fraude a la Seguridad Social de 1,9 millones de euros.