La lentitud de la Justicia jugó una vez a favor del que fuera dueño del club de alterne Eros, Marcos Grandío Ascariz, ya que la Fiscalía lucense le reconoció este martes la atenuante de dilaciones indebidas en un juicio por blanqueo de capitales y rebajó su petición de condena. El ministerio fiscal solicitaba inicialmente para el proxeneta una pena de dos años y medio de prisión, así como 1,5 millones de euros de multa. Sin embargo, las partes llegaron a un acuerdo y el acusado aceptó 4 meses de prisión y 737.459 euros de multa. Hace tan solo cinco meses, la atenuante de dilaciones indebidas ya permitió rebajar en más de dos décadas la condena a Marcos Grandío por explotación de mujeres, ya que se enfrentaba a 26 años de prisión y acabó condenado únicamente a tres años y medio.
Junto a Grandío Ascariz se sentó este martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia la que en el momento de los hechos era su compañera sentimental, Karen Lorena Fernández, quien se enfrentaba a la misma acusación de blanqueo y aceptó la misma pena de prisión, así como la misma multa.
Tal y como explicó el fiscal en su escrito de acusación, la pareja firmó un contrato en 2004 para adquirir el burdel Eros, en la carretera de A Coruña, por más de 1,3 millones de euros. Cuatro años más tarde, los acusados se hicieron con otro local en la provincia de Ourense -concretamente en Coles-, por el que abonaron 52.000 euros. Además, realizaron diversos envíos de dinero en efectivo a Colombia, por importe total de unos 150.000 euros, con los que fueron adquiridas dos viviendas en una urbanización de lujo de Colombia.
Posteriormente, en el año 2009, los acusados firmaron un contrato para adquirir un local en la calle Fray Plácido Rey Lemos de Lugo -al que llamaron La Perla Negra- por importe de 100.000 euros. Tal y como quedó recogido en el escrito de acusación del ministerio fiscal, todavía le adeudan 40.000 euros de la compra al anterior propietario. La pareja adquirió también otro burdel en Asturias en 2011, por el que pagaron 192.000 euros.
La investigación de estos hechos se inició en marco de la Operación Carioca, pero en abril de 2008, el juzgado de Instrucción número 1 de Lugo -dirigido en aquel momento por Pilar de Lara- acordó formar una pieza separada en lo relativo al destino de las considerables ganancias económicas obtenidas por estas personas, "procedentes de la explotación de la prostitución en diversos clubes.
Marcos Grandío Ascariz y Karen Lorena Fernández fueron acusados de sendos delitos de blanqueo de capitales, por los que han tardado más de doce años en ser juzgados. Esta demora hizo posible que el ministerio fiscal reconociera la atenuante de dilaciones indebidas y rebajara en más de dos años su petición de pena, pasando de 30 a 4 meses de prisión. También rebajó más de la mitad la petición de multa, que inicialmente era de 1,5 millones de unos para cada uno y se fijó en 737.459 euros.
