Trabajadoras del Antonio Gandoy han registrado en el Ayuntamiento de Lugo un escrito con una serie de quejas sobre el funcionamiento del centro de día. Entre ellas, figuran la ausencia de material y algunos descuentos en nóminas que consideran irregulares.
El personal denuncia, por ejemplo, que tras un brote de covid que afectó al centro y que obligó al confinamiento de varias trabajadoras —algunas que tuvieron PCR positivas y pasaron la enfermedad y otras que tuvieron que cuarentenarse preventivamente tal y como establecía Sanidade— a estas se les descontaron esos días de las nóminas pese a tener una baja, a su juicio por una enfermedad laboral.
La concejala de bienestar, Olga López Racamonde, puntualizó este miércoles que, cuando esas trabajadoras estuvieron de baja por un brote iniciado fuera del centro, no se reconocía el covid como enfermedad profesional para su sector. "Cobraron el 75% de su base salarial como reconoce la ley porque se considera una enfermedad común", explicó y recordó que, según le comunicó la empresa adjudicataria, OHL Ingesan, una trabajadora presentó una reclamación judicial por ese motivo y la perdió.
El personal se queja de que no se les proporciona material para terapias que hacen con los mayores y que tienen que aportarlo las propias trabajadoras. También denuncian retrasos reiterados en suministros de productos sanitarios para enfermería (como apósitos), para tareas administrativas (dicen que estuvieron hasta cinco semanas sin folios) o limpieza (sin detergente de lavadora) pese a que todos se piden con antelación suficiente. La edil asegura que la solicitud de material presentada por las trabajadoras fue totalmente satisfecha. "Se les compró todo el material que pidieron", dice.
Se les descontaron días que estuvieron confinadas por un brote y la edil dice que en ese caso el covid era una enfermedad común
La empresa admite un retraso puntual de material en verano, pero que la dirección del centro cuenta con dinero en efectivo para cualquier urgencia.
El personal se queja también de que no se les actualizan los uniformes y siguen trabajando con el antiguo, que no se le proporciona al personal de transporte ropa de trabajo o que no se abona a los trabajadores que tuvieron que comprarse calzado de descanso la diferencia con el suministrado por la firma como se les prometió.
López Racamonde asegura que este tipo de quejas se hacen públicas cada vez que está en proceso de redacción los nuevos pliegos de condiciones para licitar el servicio. En este caso, cree que la principal discrepancia del personal con los que se van a licitar es el hecho de que, en vez de establecer la cobertura de todas las ausencias de trabajadores la supedita al número de usuarios presentes. "Debe cumplirse la ratio de una gerocultora por cada diez usuarios", aclara.
La modificación se introdujo después de que el año pasado, durante el confinamiento y con el centro cerrado, sin recibir usuarios, el personal demandase que se cubriesen todas las bajas. "Es cierto que lo ponían los pliegos, pero no tenía sentido hacerlo cuando no había usuarios", aseguró la concejala.
