El 25 de mayo de 2019 se desató un peligroso incendio en la planta de Tableros Hispanos en Nadela. El fuego amenazó con extenderse hasta que los bomberos consiguieron, con mucha dificultad controlarlo. Unas pocas horas después, pese a que el riesgo persistía, cuatro trabajadores de la planta recibieron la orden de entrar a vaciar y limpiar un silo de viruta fina. Apenas abrieron la puerta se produjo una explosión dentro que segó la vida de Julio Villanueva, calcinó gran parte del cuerpo de otro de sus compañeros y dejó marcados para siempre a los otros dos.
Esta descripción de los hechos y las pruebas recabadas durante la investigación han llevado al juzgado de Instrucción 1 a solicitar que sean juzgadas cinco personas, contra las que aprecia sólidos indicios de un delito contra los trabajadores en concurso con otros de lesiones y homicidio por imprudencia.
La jueza María Yanet Puga solicita el procesamiento para S.T.G, representante legal de Tableros Hispanos; J.R.V, responsable de producción de la planta y el hombre que dio la orden de limpiar los silos pese a las advertencias de los bomberos; A.A.F.C, técnico de prevención de riesgos laborales de la empresa; J.A.E.N, representante de la firma Cualtis (antes Mugatra), a la que se le tenían subcontratados los planes de prevención; y E.L.G, técnico en prevención de riesgos laborales de Cualtis asignado a Tableros Hispanos. Como responsables solidarias se señala a las dos empresas anteriores y a sus respectivas compañías aseguradoras, Axa y Berkley.
El auto de transformación en procedimiento abreviado ya ha sido comunicado a las partes. Si bien la Fiscalía todavía no ha presentado su escrito de acusación, los escritos de las partes que sí lo han hecho dejan entrever una coincidencia de planteamientos casi absoluta y fiel al auto del juzgado instructor.
Por ello, las fuentes consultadas por este diario directamente conocedoras del caso consideran que la acusación del ministerio público tampoco podrá diferir mucho de las demás, ya que se tratan de delitos muy tasados y con poco margen para grandes variaciones.
Así, las penas a las que se enfrenten en la vista oral serán casi con seguridad las siguientes: tres años de prisión para J.R.V. como director de la planta que ordenó la limpieza de silos y cuatro años para el resto de los procesados. En los cinco casos una posible condena llevaría aparejada la inhabilitación profesional para ejercer sus trabajos durante varios años.
Pero en este juicio no solo se la juegan los acusados, también las víctimas y sus familias dependen de la futura sentencia. Hay que tener en cuenta que entre todas la reclamaciones de indemnización se rondarán los 800.000 euros. La más elevada sería, como es lógico, para la mujer y la hija de la víctima mortal, Julio Villanueva, que falleció con 52 años y cuando su hija tenía solo cuatro. Solo las reclamaciones de ellas dos ya superan con mucho los 300.000 euros.
Pero es que las otras tres víctimas sufrieron daños absolutamente incapacitantes. El trabajador que fue alcanzado por el fuego sufrió quemaduras en el 65% de su cuerpo que le han dejado secuelas terribles. Los otros dos empleados que se salvaron, pero que vieron arder a sus compañeros, sufren severas secuelas por estrés postraumático, hasta el punto de que la propia Seguridad Social les ha reconocido incapacidades. Las indemnizaciones, por tanto, apuntan muy alto. Una de las fuentes consultadas aventura que, si se suman los intereses legales, se podría estar muy cerca del millón de euros.
En cualquier caso, el escrito de acusación de Fiscalía será muy indicativo de por dónde se puede mover la vista oral.
El Concello, absuelto
Durante la instrucción, las defensas de los acusados, y en especial la de la empresa, trataron de desviar la responsabilidad hacia la actuación de los bomberos, por lo que el Concello llegó a estar imputado. Al final, tanto la Fiscalía como la jueza determinaron que no tenía responsabilidad.
