Los padres de adolescentes, en alerta por las fiestas para celebrar Fin de Año

Entre las familias con hijos adolescentes que quieren salir en Fin de Año empieza a surgir la preocupación por los lugares a los que irán esa noche. Les quita el sueño la posibilidad de que se les facilite alcohol, a pesar de que está prohibido, o que se supere el aforo de los locales y se ponga en riesgo la integridad de los asistentes.

Uno de los lugares con mayor poder de convocatoria para fin de año es la discoteca Sugar. Tiene un aforo de 1.500 personas, según explicó su encargado, pero repartido en cuatro salas individuales, algunas de las cuales se han alquilado a otras empresas. Las entradas se venden de forma anticipada en otros locales de hostelería de la ciudad, pero no se controla la edad de quienes las adquieren, aunque sí se hace luego en la puerta, según explicó el responsable de la discoteca.

"Se les pide el DNI y los menores de edad solo pueden entrar si viene su tutor legal con ellos, es lo que marca la ley", asegura el responsable de la sala. Aunque hay distintas fiestas en marcha, el control de acceso es común, asegura y la norma es para todos.

El artículo 16 de la ley autonómica de prevención de consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad especifica que está "prohibida la entrada de los menores de edad en salas de fiestas, de baile o discotecas, salvo que estén acompañados de mayores de edad con responsabilidad sobre los mismos".

El responsable de Sugar indica que esa noche habrá 30 personas trabajando en la discoteca, de ellas 12 dedicadas a la seguridad y que el local cuenta con ocho salidas de emergencia.

Otro plan posible es la ruta que varios locales nocturnos del centro proponen para Nochevieja. Se trata de un nueve establecimientos que comparten una única entrada de 15 euros. Según explica Juan Rogero, propietario de El Gandul, uno de los que participa, la entrada da derecho a dos consumiciones -el resto se cobra a precio normal- y una tercera en Reyes. El pago se prueba con una pulsera que colocan en el primer local y es la única manera de entrar en estos nueve pubs en Fin de Año. La política de todos ellos, según Rogero, es que los menores de edad no entran. "Ya lo pone en la propia entrada", asegura.

El Círculo de las Artes también organiza una fiesta abierta a menores en su zona joven, que deben presentar carné de socios. Además, se pide el DNI para vender bebidas alcohólicas y "está terminantemente prohibido servirlas a menores de edad", indican desde la entidad.

Las celebraciones privadas son legales, pero precisan obtener permiso previo

La normativa vigente no considera ilegal las fiestas privadas de amigos o el hecho de que una asociación alquile un local para una fiesta privada. Sin embargo, el cobro de entradas o consumiciones y la apertura a todo el público supondría que la celebración debería poseer ciertos permisos, además de reunir condiciones de seguridad requeridas.

A falta de cifras oficiales, el presidente del Fesdiga, Samuel Pousada, aseguró que, en los últimos años, se ha producido un "aumento clarísimo" de estas fiestas públicas de carácter clandestino que, a pesar de estar cerradas a un grupo concreto, cometen la irresponsabilidad de abrirla para cualquiera que quiera entrar.

"A una fiesta, si es privada, la normativa no le exige nada", afirmó. En este sentido, Pousada ha alertado de que esta falta de control, si se convierte en algo abierto al público y, por tanto, ilegal, supone un "mayor peligro" para las personas que asisten. Además, considera que esta actividad se correspondería con una competencia desleal, ya que el ánimo de lucro "requiere pagar todos los impuestos.

La legislación gallega establece que para realizar estos eventos se presente una solicitud ante la Consellería de Presidencia con 30 días de antelación. A continuación, serán los ayuntamientos los encargados de conceder las licencias. Todo ello siempre que las instalaciones cuenten con el visto bueno de un técnico.

El alquiler de un local de forma privada no requiere de una autorización pero "sí hay responsabilidades por parte de quien alquila un local sabiendo que va a ser destinado a una fiesta sin las medidas de seguridad pertinente, según indicó un letrado a Europa Press.

 

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