Tres imputados del caso Pokemon, que se unen a los dos de la semana pasada, interpusieron recurso de reforma contra el auto de la jueza Pilar de Lara que envió la trama de Vendex a los juzgados centrales de la Audiencia Nacional, al entender que son los competentes para continuar con la investigación.
Los argumentos de estos tres imputados son similares. Consideran que estas pesquisas deberían a su vez de dividirse en otras más pequeñas y ser remitidas a los juzgados ordinarios que les corresponden por jurisdicción. En esta ocasión, los recurrentes son el exteniente de alcalde de A Coruña Julio Flores; un exedil de deportes del Concello de Ourense, el nacionalista Fernando Varela; y un funcionario de la Xunta, Francisco Miguel Castro Allegue. Por ello, solicitan que las investigaciones se separen y acaben los juzgados de A Coruña, Ourense y Santiago de Compostela.
Los letrados consideran que en ningún caso las entregas de dinero que se les atribuyen, "de ser ciertas", constituyen "defraudaciones y maquinaciones" como las que describe el artículo 85 del Código Penal, que es en el que se apoya el juzgado para enviar la operación a la Audiencia Nacional.
Después de tres años de investigaciones, la jueza Pilar de Lara considera que la presunta trama de Vendex era de suficiente envergadura, tanto territorial como económica, como para que se ocupase de la misma un juzgado central. Según las cuentas de la instructora, Vendex habría obtenido más de 295 millones de euros en beneficios gracias a la consecución de contratos públicos de forma ilícita, lo que supone un "perjuicio indudable para la economía pública". La magistrada, además, dictó este auto justo después de que los abogados de la principal parte encausada, la firma Vendex, le solicitasen que se abstuviera de investigar el caso.
