Orozco recurre ante la Audiencia el archivo de su querella contra Portomeñe

Insiste que no existe prejudicialidad penal, el argumento empleado para el citado archivo, y dice que el edil "como hombre público, tiene la obligación de acreditar sus afirmaciones"
Orozco y Portomeñe
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La representación legal del exalcalde de Lugo José López Orozco presentó ante el Juzgado de Instrucción número 2, dirigido a la Audiencia Provincial, un recurso de apelación contra la decisión de archivar la querella por calumnias que interpuso contra el portavoz de Esquerda Unida, Carlos Portomeñe.

El exalcalde presentó la querella contra Portomeñe por injurias a raíz de las sucesivas denuncias de este sobre supuestas irregularidades en la tramitación del PXOM de la capital lucense.

En ese recurso, los abogados de Orozco subrayan que "no deja de producir un cierto grado de sonrojo que un político que se debe a la ciudadanía de Lugo, o al menos a la que ha votado por su formación política, sea incapaz de acudir a un órgano jurisdiccional para acreditar" con pruebas "los extremos que son objeto de la querella".

De forma concreta, subraya la representación legal del ex alcalde, las supuestas "presiones" al que fuera secretario del Ayuntamiento de Lugo para que informase positivamente sobre el Plan General, "hasta el punto de hacerle llorar".

En el recurso, los abogados de Orozco recuerdan que esa acusación "es muy grave" y "él lo sabe", de ahí que la propia Audiencia Provincial ordenase "la práctica de diligencias" por la existencia de los supuestos delitos de "calumnias e injurias", entre ellas la propia declaración de Portomeñe en sede judicial y del ex secretario municipal, quien "desmintió por activa y por pasiva tan falsaria afirmación".

Según los abogados del ex alcalde, Portomeñe utilizó todo tipo de estrategias para "suspender su declaración", que tuvo lugar el pasado 28 de abril, incluso recurrir al Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo y a su titular, Pilar de Lara, para aportar una "providencia y certificación" expedidos por dicho órgano judicial.

Documentos en los que "incluso se habla" del supuesto intento por parte Orozco de "intimidar a un testigo", así como de la intención de poner estos hechos en conocimiento del ministerio Fiscal por si "pudieran constituir un delito de obstrucción a la Justicia".

Insisten, en ese sentido, en que Portomeñe, "como político y hombre público, tiene la obligación de acreditar ante la ciudadanía sus afirmaciones, sin esconderse con tan variadas excepciones y remisión a otras diligencias", pues de otra forma "se puede pensar legítimamente que huye de la verdad".

En cuanto a los fundamentos jurídicos, la defensa del ex alcalde insiste en que no existe un caso de prejudicialidad penal, argumento empleado por el Juzgado de Instrucción número 2 para archivar la causa, porque por parte de Portomeñe se produjo "la atribución de un hecho concreto que debe ser aclarado, en cuanto podría exceder de la genérica valoración acerca de la supuesta ilegalidad del PXOM y de la crítica política".

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