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La ordenanza de civismo, ¿acción o represión?

El BNG pide la retirada de la normativa un día después de criticar la proliferación de grafitis y Ace la considera "anacrónica" e "innecesaria"

Los grupos municipales están convocados este jueves por el gobierno local a la primera reunión para analizar el borrador de ordenanza de seguridad ciudadana presentado hace semanas y que ya suscitó las primeras reacciones de formaciones como BNG y Ace-EU, que piden directamente su retirada al considerarla «desproporcionada» o «anacrónica».

La ordenanza, elaborada en gran parte por uno de los mandos de la Policía Local, es vista por estos grupos como un arma de represión y critican su espíritu sancionador. Sin embargo, desde el gobierno se apunta que esta norma lo que busca es atajar la proliferación de algunas conductas incívicas que a menudo provocan quejas de los ciudadanos y de las que además se hacen eco habitualmente los grupos de la oposición. De hecho, el propio BNG criticaba esta semana la proliferación de grafitis en la ciudad y pedía al gobierno local que actuase, cuando en la ordenanza se contemplan multas por realizar pintadas no autorizadas que pueden llegar a los 3.000 euros si se hacen en monumentos.

Pese a ello, el portavoz nacionalista, Rubén Arroxo, anunció ayer que pedirá la retirada de la normativa porque la considera «tan desproporcionada como inútil». Explica que muchas cuestiones que se plantean ya figuran en otras ordenanzas del Concello, como las de medio ambiente o la de circulación, mientras que hay algunas que son «inaplicables».

Además, considera ridículo que el gobierno local plantee sancionar situaciones como las relaciones sexuales en un vehículo, dormir en un banco, subirse a un árbol o usar una silla plegable en una zona verde.

«Con esta ordenanza o PSOE vaise situar á dereita do PP e Cidadáns polo caracter represivo da ordenanza», zanjó Arroxo.

De la misma opinión es el edil de Ace-EU, Carlos Portomeñe, quien pedirá que se renuncie a esta ordenanza al considerarla innecesaria, porque cree que las leyes estatales y autonómicas, al igual que el resto de normas municipales, «son máis que suficientes para garantir o civismo e o correcto uso do espazo público».

Portomeñe recuerda además que algunos gobiernos locales están suspendiendo o reformando ordenanzas cívicas vigentes, «por resultar contrarias a moitos dereitos constitucionais», dice, y que en algún caso se anularon judicialmente.

El grupo de Cs pedirá por su parte cambios en algunos puntos de la ordenanza, como el que alude a que no afectará a fiestas organizadas por el Concello, ya que lo considera «incongruente». También instará a que se incida en la prevención más que en la sanción y que se distingan las infracciones cuando sean hechas por adultos o menores.

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