Los okupas de O Carme se comprometen a marcharse este domingo de la casa allanada

Tres dotaciones de la Policía Nacional acudieron este viernes por la tarde al barrio y los agentes interrogaron a algunos de los inquilinos
La Policía Nacional intervino este viernes en O Carme. María G. MORADO
photo_camera La Policía Nacional intervino este viernes en O Carme. María G. MORADO

Las familias que tienen okupada una casa de dos plantas en la Rúa do Carme de la capital lucense se han comprometido a abandonar mañana voluntariamente el inmueble.

Esta calle sin apenas vecinos vivió este viernes una jornada más ajetreada de lo habitual. A primera hora de la tarde tres dotaciones de la Policía Nacional se personaban en la zona. Los agentes interrogaron a algunos de los residentes en el edificio allanado.

Los vecinos del barrio aseguraron que estos molestos inquilinos también intentaron allanar otras dos casas contiguas a la que ocuparon

Los inquilinos no deseados, que tienen niños de corta edad, okupaban la semana pasada esta casa que llevaba años deshabitada, que se encuentra a pocos metros de la capilla y de la sala municipal de exposiciones Porta Miñá.

Los okupas, que instalaron un par de antenas de televisión en uno de los balcones de la segunda planta del inmueble, se dejaron notar estos días porque tenían la música a un elevado volumen por la noche, lo que se llegaba a percibir desde las viviendas de calles que están próximas.

Los vecinos del barrio aseguraron que estos molestos inquilinos también intentaron allanar otras dos casas contiguas a la que ocuparon, una, a pesar de que está tapiada, que se encuentra en mal estado, y otra amplia, de la que se tuvieron que marchar por la intervención policial, en la que sus propietarios iban a instalar cámaras de videovigilancia para evitar nuevos sustos.

El allanamiento de este inmueble en el barrio de O Carme es el último episodio del fenómeno okupa en la capital lucense, que haya trascendido, junto con el de O Pazo, la casona de A Fervedoira, que primero fue restaurante y posteriormente burdel.

En este último caso las familias que residen ilegalmente en ella ya les han comunicado a la inmobiliaria que la tiene puesta a la venta que no tienen intención de marcharse voluntariamente hasta que sean desalojados por mandato judicial.