Otra okupación de una vivienda vacía en la capital lucense desató el pasado martes las quejas del vecindario e hizo necesaria la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Tanto la Policía Local como la Nacional acudieron a la casa okupada —sita en el número 19 de la Rúa Miño, en pleno casco histórico— e identificaron a los moradores, un matrimonio con varios niños que supuestamente ya habían okupado otras viviendas en Lugo con anterioridad.
Los agentes acudieron al inmueble tras recibir varias llamadas de ciudadanos que aseguraban que habían visto como una persona manipulaba la red eléctrica para intentar obtener suministro de forma irregular. Los policías acudieron al lugar y comprobaron que se trataba de una pareja que llevaba ya varios días residiendo en una casa abandonada de la que no son propietarios.
Los okupas aprovecharon la gran afluencia de gente que recorrió el centro de la ciudad desde el inicio de las patronales de San Froilán, el pasado día 4, para colarse en la vivienda y pasar desapercibidos. Sin embargo, el matrimonio llamó la atención de otros residentes de la zona, que pusieron los hechos en conocimiento de la Policía para evitar incidentes.
La okupación de viviendas en la capital lucense preocupa cada vez más a los residentes de varias zonas de la capital, que perciben esta práctica como una amenaza para la tranquilidad y la seguridad de los barrios.
Los afectados aseguran que los okupas generan a menudo problemas de convivencia y se jactan de estar amparados por la legislación, ya que las fuerzas y cuerpos de seguridad no los pueden desalojar de la vivienda okupada sin una orden judicial, un procedimiento que, en el mejor de los casos, suele tardar varios meses.
De hecho, los agentes que se trasladaron al número 19 de la Rúa do Miño en la noche del pasado martes únicamente pudieron identificar a las personas que se encontraban en el interior de la vivienda, ya que no tienen competencia para proceder a su desalojo.
Las protestas vecinales por esta situación ha llevado a varios partidos políticos —entre ellos el PP, el PSOE y Vox— a plantear que se cambie el Código Penal para poder desalojar a los okupas antes de las 48 horas. Solicitan además que se endurezcan las sanciones para este tipo de prácticas.
