La Audiencia Provincial de Lugo incrementó la pensión de alimentos que un empresario lucense pasaba mensualmente a su hija menor después de que un detective comprobara que su nivel de vida no se correspondía con los ingresos que declaraba.
La sentencia explica que la pareja llegó a un acuerdo con respecto al régimen de visitas y a la custodia de la menor. Los progenitores acordaron atribuir la guarda y custodia a la madre y que la niña quedara bajo la patria potestad de ambos. Además, la menor pasaría con su padre los fines de semanas alternos y la mitad de las vacaciones de verano y Navidad.
Los padres no llegaron sin embargo a un acuerdo con respecto a la pensión de alimentos y el juzgado de primera instancia número 3 de Lugo la fijó en 200 euros mensuales a cargo del hombre, que tenía que abonar por mensualidades anticipadas en los cinco primeros días de mes. Ambos progenitores recurrieron la decisión judicial, ya que el padre la consideraba "excesiva" y la madre entendía que era "escasa".
La mujer contrató a un detective para corroborar que el padre tenía capacidad económica para poder afrontar una pensión de mayor cuantía y la Audiencia Provincial admitió a trámite su recurso, pero desestimó el del padre.
PESQUISAS. La sentencia concluye que los signos externos del hombre "revelan una mayor capacidad económica que la que se desprende de la averiguación patrimonial".
Según explica, "el padre tiene dos actividades económicas, al regentar un taller y dedicarse también a la cría de ganado vacuno. Además, el informe de los detectives confirma que el taller tiene mucha actividad, y así lo ratifica también una testigo que depuso en autos", apunta. El fallo recoge además que los ingresos que tiene el hombre "le permiten viajar al extranjero en vacaciones y además tiene cuatro vehículos a su disposición, aunque no todos ellos sean de su titularidad".
Con este argumento, la Audiencia Provincial de Lugo considera "más ajustada" una pensión de 225 euros mensuales, por lo que la incrementa.
