La que fuera delegada de Urbanismo en el Ayuntamiento de Lugo entre los años 2008 y 2011 María Novo asegura que se siente "tranquila" y "satisfecha" después de que el juzgado de instrucción número 2 ordenase el archivo de la causa por supuestas irregularidades en la tramitación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), después de once años de instrucción. Novo figuraba como investigada en esa causa, instruida por la jueza Pilar de Lara, junto al que también fuera concejal de Urbanismo de Lugo —y posteriormente presidente de la Confederación Hidrográfica Miño Sil— Francisco Fernández Liñares y otras cuatro personas.
Opina que "alguna gente puede sentirse utilizada, porque salió a la calle a manifestarse, cuando realmente no había nada" punible en la tramitación del plan general del Ayuntamiento de Lugo. De hecho, María Novo espera que "algunos se sientan avergonzados por todo lo que han hecho" al promover esta causa.
"Me siento muy tranquila y satisfecha de contar con un auto que deja muy claro que no había nada que ocultar, que no tenía nada que ocultar. Sin embargo, ahora sí podemos apuntar a intereses de aquellos que fomentaron todo esto", añadió.
Después de tanto tiempo, asegura que ya ha pasado página, por una cuestión de "supervivencia", pero recuerda "que le costó salir a la calle el primer día", cuando saltó la noticia de su "imputación", porque ella misma se enteró "por los medios de comunicación". Dice que se alegra por su familia", por "un auto tan contundente", pero también "por toda esa gente, por mucha gente, que había confiado en el Ayuntamiento, en las instituciones y en el plan general como un documento de futuro para la ciudad".
La causa fue abierta para investigar "determinadas anomalías en la tramitación del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Lugo (PXOM)", precisa el juzgado en un auto notificado este jueves a las partes, y la instrucción de la misma se realizó "a lo largo de los últimos once años" por los supuestos delitos "contra la ordenación del territorio, prevaricación y prevaricación urbanística, tráfico de influencias y abuso de información privilegiada".
En cuanto a la situación de María Novo, el juzgado aclara que "en el presente caso no se ha podido determinar, más allá de los vínculos familiares, que aquella ejerciera presiones, formulara sugerencias de ningún tipo o se interesara siquiera" por los hechos objeto de la investigación y "menos todavía que se prevaliera de su cargo para ello". De hecho, sostiene que la acusación que originó la investigación "no pasa de ser una pura conjetura o sospecha de la que no concurren indicios suficientes".
Es más, el juzgado afirma "no consta ni siquiera que conociera a los funcionarios encargados hasta que fue delegada de Urbanismo", una vez que "ya se habían emitido informes sobre las alegaciones aquí controvertidas", sin que "consten indicios de presión moral, sugerencia o indicación alguna por parte de María Novo".
