El negocio de la basura se enloda con recursos tras caer grandes empresas

Tres firmas vuelven a pedir al Tacgal que pare el concurso local más jugoso, de 113 millones
Trabajadores de Urbaser retirando los residuos en una calle de Lugo. SEBAS SENANDE (AEP)
photo_camera Trabajadores de Urbaser retirando los residuos en una calle de Lugo. SEBAS SENANDE (AEP)

Lugo gastará trece millones al año en el servicio de limpieza y retirada de basura. Es un contrato muy jugoso, del que quedaron descabalgadas en las primeras cribas las grandes empresas del país dedicadas a ese negocio y que se cayeron del concurso no por presentar un proyecto urbanístico acorde a lo que se exigía.

Algunas de esas empresas intentaron volver a subirse al proceso con un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal), que en una primera resolución avaló la decisión del Ayuntamiento de dejarlas fuera. Pero la batalla no está cerrada, porque el negocio resulta muy jugoso.

Así, al menos tres de las empresas que quedaron fuera –Urbaser, Cespa y Acciona– han vuelto a recurrir al Tacgal y han pedido la suspensión cautelar del concurso. El tribunal, como hace en el 95 por ciento de los casos, ha accedido a esa suspensión cautelar, lo que supondrá, en el mejor de los casos, un retraso en la adjudicación del servicio de limpieza, que lleva varios años caducado.

El gobierno local confía en que esa suspensión se podrá levantar en cuestión de muy pocos días, ya que la base de la alegación es similar a la que ya se había presentado anteriormente y que el Tacgal había rechazado. De ese modo se podrá seguir adelante con la selección de la empresa que asumirá el aseo urbano. Ya se han abierto los sobres correspondientes a la oferta económica y se sabe que la más ventajosa es la de la cántabra Ascan, que ofertó realizar el servicio durante la próxima década por 112 millones de euros.

En la valoración técnica, en tanto, está por delante de momento la sociedad formada por Copasa, Geseco y Setec.

Dado que se trata de un negocio que las grandes empresas no quieren perder, en ámbitos municipales se ve probable que las compañías intenten llevar el concurso al juzgado. La expectativa es que esos recursos no paren la adjudicación del contrato.