La alcaldesa en funciones, la socialista Lara Méndez, dio por hecho un acuerdo de gobierno con el BNG la misma noche electoral y el martes, tras un primer contacto con el candidato nacionalista, Rubén Arroxo, afirmaba que creía que la negociación iba a ser "fácil". No hay duda de que el BNG investirá a Méndez con el bastón de mando. "No BNG se algo deixamos patente estes anos é, salvo casos moi graves, intentar evitar que goberne a dereita", afirmó este miércoles Arroxo. ¿Pero será tan "fácil" el acuerdo de gobierno? Para empezar, este jueves la asamblea del BNG se reúne para decidir si conviene iniciar conversaciones con el PSOE de cara a ese escenario.
¿Interesa un pacto de gobierno? ¿A quién?
Mucho tendría que torcerse la situación para que Arroxo no acabe siendo primer teniente de alcalde, aunque el candidato es cauto. Porque sería irresponsable no serlo y por respeto a una organización cuyas aguas bajan mucho más tranquilas que hace años pero donde sigue mandando la militancia.
La opción más probable es que las bases del BNG acuerden explorar un acuerdo de gobierno, por varias razones. Si se mira al interés de la ciudad, cuatro años de un gobierno en minoría y con mucha oposición demostraron ser muy poco útiles. La fragmentación de la corporación se ha reducido el domingo, al pasar de seis a cuatro grupos, pero no es lo mismo tener que buscar el apoyo de la oposición, por mucho que haya grupos próximos, asunto a asunto, sea un presupuesto o una acción de gobierno, que tener mayoría para gobernar. Más concejales suponen también un mayor reparto de responsabilidades y de trabajo y la entrada de un nuevo actor puede que incluso contribuya a rebajar la tensión entre sindicatos y gobierno, uno de los aspectos —no el único— que condicionó los resultados de gestión en el anterior mandato.
¿Quién tiene más fuerza para negociar?
Desde el punto de vista partidista, a quien más convendría un socio estable sería al PSOE, por lo que el BNG partiría de mejor posición para negociar. Además, tras casi duplicar el voto y aumentar tres concejales, los nacionalistas se situaron a solo otros tantos ediles del PSOE, con lo que la representación es bastante proporcional.
El gobierno puede desgastar pero es indudable que también es una plataforma, ya que permite gestionar presupuestos y llevar a cabo acciones que pueden dar rédito político, por lo que un pacto también interesaría al BNG. El riesgo para este sería que, tradicionalmente, el partido que ostenta la alcaldía es quien más beneficio saca. Eso fue exactamente lo que sucedió en 2003, tras el primer bipartito de Lugo. José López Orozco obtuvo mayoría absoluta y el BNG perdió la mitad de los concejales. Esa circunstancia condicionó futuros pactos, al igual que la experiencia de 2011, cuando el BNG volvió al gobierno, con dos concejales frente a los once del PSOE. El pacto duró 17 meses, por las imputaciones de Orozco y los nacionalistas salieron tan escaldados que en 2015 optaron por ni siquiera explorar la entrada en el gobierno.
Méndez y Arroxo al frente de la interlocución
Tanto en el PSOE como en el BNG aseguran que tienen formados los equipos negociadores, pero de momento optan por no enseñar las cartas. Los nacionalistas, con el pretexto de esperar a que este jueves la asamblea les autorice a iniciar las conversaciones. Y quizás también a la espera de que la dirección nacional confirme que todo está en orden. Tanto Méndez como Arroxo circunscriben la negociación al Concello de Lugo, sin interrelación con otras, y afirman que tienen autonomía de sus respectivas direcciones nacionales para negociar, pero está por ver hasta qué punto será así.
La previsión es que tanto Méndez como Arroxo estén al frente de los equipos negociadores, de los que podrían formar parte, por el PSOE la responsable local y concejala Ana González y el secretario provincial y futuro concejal, Álvaro Santos, y por el BNG, Álex Penas, que también fue responsable local, en el último bipartito ejerció como asesor municipal y ahora será concejal. Los nacionalistas pueden que echen mano de veteranos con experiencia, como Suso Méndez, recientemente jubilado tras décadas de servicio al BNG y la persona que cerró simbólicamente la candidatura lucense.
La junta de gobierno, pieza clave en la negociación
Más importante que el reparto de áreas será el reparto de poder. En la frustrada negociación de 2007, Orozco, que en realidad no tenía ninguna intención de pactar, llegó a ofrecer al BNG la delegación de la firma, pero no fue suficiente para los nacionalistas porque consideraban que el porcentaje de presupuesto que se les permitía gestionar no se correspondía con la representación que habían obtenido, cuatro concejales.
Cuestión capital será también la negociación respecto a la junta de gobierno, que en una ciudad como Lugo tiene gran peso porque la mayor parte de los asuntos ya no van al pleno sino que se aprueban en este órgano. Los partidos intentarán que la composición de la junta sea lo más proporcional posible y la ley establece que los acuerdos deben tomarse por mayoría simple. Sin embargo, el BNG podría exigir el compromiso político de que solo se elevaran a aprobación los asuntos sobre los que hubiera unanimidad. En la práctica sería una especie de potestad de veto.
Antecedentes, libertad de voto en el PXOM y O Garañón
El modelo de ciudad del PSOE y del BNG y los programas electorales son bastante coincidentes, aunque en algún asunto hay diferencias insalvables. Es el caso del PXOM, que el PSOE aprobó con el PP en tiempos de Orozco. Falta por aprobar el 5% del plan no solo por la carencia de información hidrológica sino porque la Xunta vio injustificables algunos desarrollos previstos, uno solo de los aspectos que motivó que el BNG votara en contra del PXOM. En el acuerdo de gobierno de 2011, el BNG exigió libertad de voto en este asunto y en O Garañón, otro tema peliagudo.
Es probable que, al menos en el PXOM, el BNG mantenga la misma postura y que el PSOE tenga que volver a buscar el apoyo del PP cuando llegue el momento, salvo que los cambios que se hagan en el documento sean suficientes para los nacionalistas. Respecto a O Garañón, ambos partidos coinciden en que hay que cumplir las sentencias y derribar las torres, pero el BNG, al igual que el resto de la oposición, votó en contra de la propuesta del PSOE de hacer una zona verde porque no se había calculado el coste de la operación urbanística, que implica compensar al promotor. Como el resto de la oposición, el BNG apuesta por una solución que suponga el menor coste para las arcas públicas y el respeto al entorno.
Diferencias sobre la gestión del personal municipal
Las posturas del PSOE y el BNG respecto a la política de personal también difieren. En el pasado, los nacionalistas exigieron la supresión de direcciones generales, como la que había en la Policía Local. Méndez apostó en el mandato pasado por una figura de ese tipo para gestionar todos los recursos humanos del Concello y, aunque tuvo dificultades para crearla y para mantenerla —el PP y varios sindicatos la llevaron al juzgado y perdieron—, supuso un impulso a asuntos que llevaban mucho retraso y que son claves para el funcionamiento municipal, como la convocatoria de plazas en distintos servicios. Ante la ausencia de jefe en Policía y Bomberos, el papel del director general también está siendo determinante para cuestiones como la organización de los refuerzos en plantillas que están muy mermadas.
Ante las evidentes necesidades de gestión de personal, no se puede descartar que el BNG varíe su postura respecto a las direcciones generales, que en otros ayuntamientos donde gobierna, como Pontevedra, sí ha utilizado, al igual que la figura del concejal no electo, que en Lugo también rechazaba.
Más difícil puede que sea el acuerdo en torno a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que está en tramitación. El documento tiene dividida a la plantilla y a los sindicatos. Entre estos, la CIG, central ligada al BNG, es especialmente combativa, y no solo con la RPT, ya que en los últimos años recurrió judicialmente muchos asuntos de personal.
Playa fluvial y actuaciones de accesibilidad
El BNG ya ha dejado caer que el acondicionamiento de una zona de baño en el Miño este verano es uno de los compromisos que exigirá para un hipotético acuerdo de gobierno. La propuesta del BNG siempre fue en la zona de Los Robles, pero el gobierno local trabaja en una propuesta cerca de A Tolda, que parece difícil que pueda materializarse este verano. Para los nacionalistas también son importantes acciones en materia de accesibilidad. No comparten la pasarela adjudicada sobre la N-VI cerca del Anxo Carro y propone soluciones de ese tipo en República Argentina y la N-VI cerca del balneario. También para el centro de salud de San Roque, donde el gobierno asegura que es técnicamente inviable.
En movilidad hay muchos puntos de encuentro, como la extensión de las zonas 30 —el BNG propone limitar la velocidad en toda la ciudad— y de carriles bici y la mejora del servicio de transporte público. Es posible que esta sea uno de las acciones más difíciles porque en el anterior mandato se renovó el contrato y se dejó en manos de la empresa la propuesta de mejora de líneas y frecuencias.
Ambos partidos también comparten la necesidad de restablecer el sistema Ora, pero mientras que el BNG apuesta por una gestión pública y existe un acuerdo plenario en ese sentido, el PSOE mantiene que es difícil que sea así con los medios que tiene actualmente el Concello.
La tramitación de la declaración de área de rehabilitación integral del barrio de A Milagrosa es otro de esos proyectos que comparten nacionalistas y socialistas y del que se viene hablando desde hace años sin que hasta el momento se diera prácticamente ningún paso en ese sentido.
La actualización de los contratos caducados y la mejora de la administración electrónica son también objetivos compartidos hasta ahora no alcanzados.
