Las multas impuestas al amparo de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, rozaron el millar el año pasado en la provincia de Lugo —concretamente 928, según los datos del Ministerio de Interior— y recaudaron un total de 558.107 euros.
Las cifras oficiales revelan que las sanciones que contempla esta ley se dispararon durante la pandemia, pero volvieron a descender a lo largo de 2021, cuando registraron la cifra más baja del último lustro. Así, en 2020 se contabilizaron en la provincia 2.985 multas (1.802.064 euros), en 2019 se registraron 1.475 (949.462 euros), en 2018 hubo 1.254 (769.205 euros), en 2017 sumaron 1.302 (765.622 euros) y en 2016 fueron sancionados 1.687 lucenses, que tuvieron que abonar 599.291 euros. El año en el que entró en vigor la ley mordaza, en 2015, se impusieron en Lugo 540 multas y se recaudaron 198.393 euros.
El articulado de este precepto incluye 44 puntos que abarcan actuaciones muy dispares, desde organizar manifestaciones prohibidas o perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, hasta solicitar u ofrecer servicios sexuales en la calle o exhibir objetos peligrosos para la vida o la integridad física de las personas. En la provincia lucense, el grueso de las denuncias se centraron en dos tipos de infracciones: el consumo o la tenencia de drogas tóxicas en lugares públicos, con 340 denuncias y 232.198 euros recaudados, y la desobediencia o resistencia a los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, con 239 multas ,que sumaron 169.806 euros.
Entre las infracciones consideradas graves, también figura una multa por perturbar la seguridad en actos públicos; 32 por desórdenes en las calles o por obstaculizar la vía con mobiliario urbano o contenedores; cinco por impedir a los agentes realizar sus funciones; tres por obstaculizar el funcionamiento de los servicios de emergencia; 74 por portar, exhibir o usar armas prohibidas o de modo temerario; doce por fabricar o comerciar con armas o explosivos prohibidos; una por trasladar en algún vehículo a personas a comprar droga; dos por plantar o cultivar sustancias estupefacientes; diez por carecer de registros obligatorios en actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana y una por el uso no autorizado de imágenes o datos personales de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Las fuerzas de seguridad impusieron en Lugo más de 300 sanciones relacionadas con armas prohibidas y 32 por desórdenes públicos
En cuanto a las infracciones leves, fueron denunciadas 173 personas por faltas de respeto a los agentes, una por celebrar reuniones prohibidas, tres por exhibición obscena, cinco por okupación de inmuebles, cinco por venta ambulante no autorizada, trece por irregularidades graves en la cumplimentación de registros, una por no denunciar la sustracción o extravío del DNI, cinco por daños o deslucimiento de bienes de servicio público, una por escalamiento de edificios y otra por manipular vallas o cintas colocados por los agentes para delimitar perímetros de seguridad.
Reforma
Muchos de estos artículos pueden tener los días contados, ya que la reforma de esta norma volvió al Congreso la semana pasada, tras diez meses en punto muerto, y reavivó de nuevo la polémica. Las modificaciones propuestas han sido apoyadas, aunque con algunas discrepancias, por PSOE, Podemos, ERC, EH Bildu, PNV y Junts per Catalunya, mientras que cuentan con la oposición de PP, Vox y Ciudadanos.
Tres lucenses fueron multados por exhibición obscena, cinco por venta ambulante no autorizada y uno por escalar edificios
Son muchas las reformas de la ley mordaza que no son vistas con buenos ojos por los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad y los principales partidos de la oposición, entre las que destacan que se quiera permitir la organización de protestas en la calle sin que haya comunicación previa o que se pretenda limitar el uso de material antidisturbios, como las pelotas de goma, durante las intervenciones policiales por altercados callejeros. También se plantea que dejen de ser infracción las manifestaciones alrededor del Congreso, el Senado o las asambleas autonómicas y que deje de sancionarse la ocupación de la vía pública para la venta ambulante —lo que se conoce como top manta—, la perturbación de la seguridad en oficios religiosos y deportivos, o el hecho de portar estupefacientes en la vía pública.
Si se aprueba la reforma, tampoco se impondrán multas por difundir imágenes de los agentes de la autoridad, que además perderán el principio de veracidad en los atestados. Otro planteamiento es que la cuantía de las multas por disturbios callejeros vayan en función de los ingresos de los infractores.
