Seis años después de su entrada en vigor, el Gobierno se prepara actualmente para reformar el grueso de las multas de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. Mientras tanto, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad continúan aplicando la legislación vigente, que recoge más de cuarenta infracciones. Estas conductas se dispararon el pasado año en todo el territorio nacional por las restricciones derivadas de la pandemia de covid-19 y Lugo no fue una excepción.
Según los datos oficiales recabados por el Ministerio del Interior, a lo largo de 2020 se impusieron en la provincia lucense un total de 2.985 sanciones por infringir alguno de los artículos de la referida ley, casi el doble que el año anterior, cuando se contabilizaron 1.475 multas. Y por meses, el grueso de las infracciones, algo más del 88%, se registraron en marzo y abril –1.482 y 1.157, respectivamente–, coincidiendo con el periodo de confinamiento obligatorio impuesto por las autoridades.
Todas estas infracciones se consideran "conductas que atentan gravemente contra la seguridad ciudadana", pero no constituyen ningún delito, por lo que se castigan únicamente con sanciones económicas y no conllevan cárcel. Entre estas conductas se incluyen el consumo y tenencia de drogas sin estar destinadas al tráfico, abandonar animales, escalar edificios o monumentos sin autorización, solicitar o aceptar servicios sexuales retribuidos en zonas próximas a donde pueda haber menores, portar o exhibir armas prohibidas, la ocupación de inmuebles o el consumo de alcohol en la vía pública, entre otras.
Solo en marzo del año pasado se recaudaron por estas infracciones en Lugo algo más de 900.000 euros, lo mismo que en todo 2019
Sin embargo, a pesar del amplio y heterogéneo catálogo de conductas sancionables, el motivo fundamental del aumento de las multas por la ley mordaza en 2020 es claro y está relacionado con las restricciones de movilidad impuestas con el estado de alarma. De hecho, a nivel nacional, cerca del 70% de las sanciones aplicadas se debieron a la vulneración del artículo 36.6 de la citada norma de seguridad, que considera infracción grave la desobediencia o resistencia a la autoridad, así como la negativa a identificarse, o la alegación de datos falsos o inexactos en el momento de la identificación. Este tipo de multas se multiplicaron por veinte en el año de la pandemia y desbancaron a las impuestas por consumo de drogas en la vía pública, que en 2019 encabezaban la lista y pasaron a un segundo plano.
El segundo artículo con mayor número de infracciones fue el 37.4, que castiga las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal.
RECAUDACIÓN. La desobediencia a policías está considerada como infracción grave y conlleva multas de 601 a 30.000 euros, mientras que la falta de respeto a los agentes es leve y oscila entre los 100 y los 600 euros. Por su parte, las infracciones consideradas muy graves –como las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en instalaciones en las que se presten servicios básicos para la comunidad, la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas que hubieran sido prohibidas o suspendidas por la autoridad competente, y la proyección de haces de luz sobre pilotos o conductores– están castigadas con sanciones de entre 30.001 y 600.000 euros.
Con sus diferentes cuantías, las cerca de 3.000 sanciones impuestas el año pasado en Lugo al amparo de la ley mordaza sumaron 1.802.064 euros, el doble que el año previo, cuando se recaudaron 949.462 euros. Tal y como revelan las estadísticas del Ministerio de Interior, solo en mazo de 2020 se recaudó tanto dinero con estas multas como en todo 2019, un total de 923.291 euros.
En abril, el Gobierno también hizo una caja digna de mención en la capital lucense con estas sanciones, reuniendo unos ingresos de 704.957 euros. En febrero se recaudaron 42.435 euros; en enero, 41.010; en mayo, 39.702, y entre junio y diciembre se registró un descenso considerable, con cuantías de 14.712, 13.407, 7.850, 3.500, 4.950, 4.600 y 1.650 euros, respectivamente. El estado de alarma finalizó, pero la polémica sobre la ley mordaza siguió candente y se prevé intensa.
Balance de la ley. Desde su entrada en vigor en julio de 2015 y hasta finales de 2016, se impusieron en España con esta norma 1.009.729 multas, con una cuantía de 563,3 millones de euros, sin contar las de los cuerpos de seguridad autonómicos de Euskadi, Cataluña y Navarra.
252 millones. Es la cantidad recaudada por el Gobierno en 2020 con las sanciones impuestas en todo el país al amparo de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, que sumaron un total de 375.930. En 2019 se habían tramitado 244.313 multas, con una cuantía total de 146.863.078 euros.
