LUGO. La huelga de funcionarios de Justicia puso contra las cuerdas los juzgados en Galicia. A ella se unió después la movilización a nivel nacional de jueces y fiscales, que ya advirtieron de peores consecuencias si no son atendidas su reclamaciones de mejoras laborales y de modernización del sistema. Pero la auténtica puntilla puede llegar del cuerpo de funcionarios de Justicia más reducido y, sin embargo, más relevante en cuanto a funcionamiento diario: los letrados de la administración de Justicia (antes secretarios judiciales), que controla aproximadamente el 80% del trabajo cotidiano de los juzgados.
Este cuerpo de funcionarios inició ayer una movilización a nivel nacional, previa a la adopción de medidas más serias. Por lo que respecta a Lugo, catorce de los 32 profesionales que hay en la provincia se reunieron en una de las salas de los juzgados para expresar su malestar y leer un comunicado con sus reivindicaciones.
Estas son comunes en toda España y, lo que es muy significativo, apoyadas por la totalidad de la profesión, representada por las tres asociaciones firmantes, CNLAJ, UPSJ y AINLAJ. Muchas de estas exigencias son, además, coincidentes con las reclamadas por jueces y fiscales, y se centran específicamente en la modernización de la administración de Justicia, con un plan de inversiones reales y sostenido y un incremento tanto de medios como de personas, que en el caso de estos letrados se fijan en la convocatoria de al menos 250 nuevas plazas durante cada uno de los próximos cuatro años.
A esto se añaden reclamaciones como la implantación eficaz de la nueva oficina judicial o del expediente digital de manera «adecuada al siglo XXI, no limitándose a digitalizar la ineficiencia decimonónica», así como la compatibilización de los diferentes sistemas informáticos que han sido implantados.
En el plano laboral, además de ser reconocidos como cuerpo funcionarial propio con derecho a interlocución y negociación colectiva, reclaman incrementos salariales acordes a las muchas responsabilidades nuevas que han tenido que asumir desde el cambio normativo de 2009. Como ejemplo, recuerdan que un funcionario de la administración de Justicia que acabe de ingresar solo percibe 1.400 euros.
