Una mujer que constituyó una empresa, que no tuvo centro de trabajo ni actividad, aceptó este martes nueve meses de prisión por un delito de fraude de prestaciones porque contrató a tres compatriotas suyos con el fin de que sumasen el tiempo necesario para cobrar después el paro.
Además tendrá que abonar a la Tesorería General de la Seguridad Social los 2.032 euros que percibió irregularmente uno de sus compatriotas marroquís, que fue expulsado del país.
También aceptaron nueve meses de prisión los otros dos acusados, de 40 y 44 años de edad, que cobraron 3.265 y 2.833 euros de la Seguridad Social, importes que ya devolvieron.
Los hechos se remontan ya a hace nueve años. La Fiscalía detalla que la principal procesada, de 41 años, "urdió un plan directamente encaminado a conseguir de manera fraudulenta y mediante engaño la obtención de prestaciones y subsidios por desempleo" mediante la creación de una empresa que supuestamente se dedicaba al montaje de instalaciones para ferias.
Constituyó esa empresa "sin actividad real, sin centro de trabajo y sin los medios materiales necesarios para prestar los supuestos trabajos", según la acusación realizada por el ministerio público, con la finalidad de "defraudar al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Tesorería General de la Seguridad Social".
NI COTIZÓ. El fiscal señala que esta acusada "simulando íntegramente una relación laboral inexistente, conociendo que nunca iban a ser prestados los trabajos" tramitó en la Seguridad Social varias altas de trabajadores previa elaboración del correspondiente contrato de trabajo "ficticio" que era presentado ante el Servicio Público de Empleo Estatal, manteniendo a estos en situación de alta laboral "durante el tiempo suficiente para acceder a las prestaciones y subsidios por desempleo y sin abonar nunca las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social".
