Lara Méndez pide un informe externo de O Garañón para ver si recurre

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, anunció este martes que el Concello pedirá un informe jurídico externo sobre O Garañón como "un foco máis de información" para decidir si recurre las sentencias del TSXG que declaran ilegales e ilegalizables las torres y la urbanización. La decisión fue tomada "de acordo cos técnicos", según informó la alcaldesa, después de que el PP pidiera buscar asesoramiento externo. El PP argumenta que el asunto es demasiado complejo, que la ciudad se juega mucho y que los técnicos municipales son juez y parte porque son quienes informaron y tramitaron O Garañón y están imputados por ello en una investigación penal.

Uno de esos técnicos (el exjefe de Arquitectura) ya está jubilado y los otros dos, la jefa de Licencias y el jefe de Urbanismo, volvieron a explicar ayer a los portavoces de los grupos políticos cómo se tramitó O Garañón y defendieron con vehemencia la legalidad del proceso y del convenio del que partió, después de que el portavoz popular, Jaime Castiñeira, volviera a ponerlo en duda. Entre otras razones, porque el edil sostiene que no era equilibrado para las partes sino mucho más ventajoso para el promotor. "O xefe de urbanismo recoñeceu que, no caso de que non se tivera asinado o convenio, e se non se tivese realizado o cambio de sistema de xestión urbanística, non obrigatorios por lei, non se tería tramitado todo antes do 1 de xaneiro de 2006", afirmó Castiñeira. En esa fecha entró en vigor un cambio en la Lei do Solo que reducía la edificabilidad de 2,05 a 1,50 metros e implicaba cambios que reducían en más de 4.000 metros cuadrados los intereses del promotor, recordó el concejal.

No obstante, la reunión y el anuncio de Méndez no satisficieron a los grupos políticos, quienes creen que el gobierno solo trata de ganar tiempo. Algunos, como el PP, Ciudadanos y Ace-EU, acusaron directamente a la alcaldesa de intentar proteger a sus padrinos políticos -el exalcalde José López Orozco y el exedil de urbanismo José Ramón Gómez Besteiro, que fueron quienes, junto al resto del gobierno del que formaban parte, autorizaron O Garañón- en vez de defender los intereses de Lugo.

Tanto el PP como Lugonovo se mostraron partidarios de que la asesoría externa a la que se recurrirá analice también el convenio. "Parécenos fundamental para anular a posible reclamación por lucro cesante que se clarifique se contén algunha estipulación ilícita que poida invalidalo", afirmó el portavoz de Lugonovo, Santiago Fernández Rocha. "Quedou claro que a intención do goberno non é atopar unha solución dialogada e pactada coa oposición que sexa beneficiosa para o Concello e a cidadanía, senón que está enrocado en defender a legalidade de tódalas decisións políticas e técnicas tomadas nos anteriores mandatos do PSOE, algo que xa terán que demostrar nos xulgados os investigados por vía penal", afirmó el edil de Ace-EU, Carlos Portomeñe.