El oficial Benito Martínez, delegado sindical de CSIF y uno de los azotes del gobierno de José López Orozco -contra el que llegó a querellarse- y del actual fue nombrado ayer jefe de la Policía Local por decreto, después de que el gobierno no lograra ningún inspector para este puesto debido a jubilaciones y bajas médicas. Horas después, el decreto era anulado porque, según explicó el equipo de Lara Méndez, hubo un error con la documentación solicitada al departamento de Persoal y a la alcaldesa llegó un listado con la antigüedad de los oficiales, según el cual el primero era Martínez, cuando la lista que tenía que utilizarse era la de méritos y capacidad, resultante de la última promoción interna que hubo, en los años noventa.
Atendiendo a este criterio, que es el que se utilizó con los inspectores -«e o que ten que ser», aseguró el gobierno local-, le corresponde hacerse cargo de la jefatura de la Policía Local al oficial José Antonio Mera. Este es el sexto intento -si se cuenta el de Martínez- de la alcaldesa, Lara Méndez, de nombrar jefe de la Policía, debido a que el titular se jubila a finales de mes, disfrutaba ya de vacaciones y, cuando fue requerido para que volviera al puesto, comunicó que se encontraba de baja médica. Esa misma situación es la que alegaron otros dos inspectores. Otro aceptó el puesto, pero no llegó a firmar porque, ante las presiones de algunos compañeros, renunció y solicitó la jubilación anticipada.
Detrás de esta dificultad para hallar jefe estarían las presiones sindicales para que se apruebe cuanto antes la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), como reivindicaron CSIF y CC.OO. la semana pasada. El nuevo documento prevé una subida salarial para la Policía y otros colectivos y trabajadores, pero también hay empleados que pierden dinero con respecto a las cantidades que perciben actualmente con la productividad, y la plantilla y los sindicatos están divididos. De hecho, la prisa por aprobar el documento vendría dada sobre todo porque en marzo hay elecciones sindicales y se prevé que Ágora, que ahora ya es el sindicato mayoritario entre los funcionarios, se mantenga o suba y entre en la mesa negociadora, donde ahora no está por un error que ya subsanó.
BAJAS. La alcaldesa afirmó ayer, en relación a las bajas que se están produciendo en la Policía Local, que «en temas de saúde» no puede opinar pero, con ironía, precisó que «oficialmente non hai ningunha pandemia nin virus».
Hacerse cargo de la Policía en este momento tampoco es fácil debido a que las jubilaciones anticipadas han diezmado una plantilla en la que ya había muchas plazas vacantes por años sin ofertas de empleo -en el mandato de José López Orozco- y retraso en las convocatorias de las aprobadas en el actual. Así, no solo falta jefe del cuerpo sino que también hay unidades sin mando, como atestados y gabinete de tráfico, y esa circunstancia está provocando trastornos a los ciudadanos, que por ejemplo no obtienen autorización para trabajos que necesitan ocupar la vía pública, y para el propio gobierno. Está por elaborar, por ejemplo, el plan de tráfico para la obra del ascensor del Sagrado Corazón, ya contratada.
Si el oficial Mera no aceptara la jefatura, quedarían todavía otros siete oficiales, porque otros dos se jubilan. El gobierno no cree que haya «pandemia» en la Policía pero, aunque no ha querido explicar cuáles, estudia otras opciones por si no logra que algún oficial se haga cargo. Una podría ser la asignación de las funciones a un director general -solo hay de Recursos Humanos porque otro puesto similar necesita apoyo plenario- o a un funcionario que ejerciera de coordinador, aunque hay cometidos y responsabilidades que solo pueden recaer en policías, por lo que el problema no estaría solucionado. Otra posibilidad podría ser recurrir, en comisión de servicio, a un mando policial de fuera, pero, al menos en Galicia, no hay muchos y Lugo no es una plaza fácil. Y menos ahora.
