Méndez atribuye los problemas en urbanismo a que el PP limitó la contratación de trabajadores

El PP propone realizar una auditoría externa para analizar de forma independiente la crisis
Las grúas se vuelven a ver en Lugo. XESÚS PONTE
photo_camera Una grúa sobre la muralla. XESÚS PONTE

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, sostuvo este lunes que los problemas en el servicio de urbanismo del Concello son consecuencia de las limitaciones que impuso el PP a la contratación de personal y defendió que trabaja para solucionar la situación.

Después de que el PP solicitara este lunes realizar una auditoría externa para analizar de forma independiente la situación de ese departamento, Méndez sostuvo que es una "lástima" que los populares se ocupen de la situación en urbanismo cuando se encuentran en la oposición, porque los problemas que existen en ese servicio están derivados de la falta de personal generada por las directrices que estableció el Gobierno central, en la etapa de Rajoy, mantuvo.

Las limitaciones a la contratación, impuestas por razones presupuestarias, impidieron ajustar la plantilla del Concello a las necesidades, dijo Méndez. "Daqueles barros, estes lodos", agregó.

El Concello ingresó solo un 35,8 por ciento de lo previsto por la concesión de licencias

Lara Méndez dijo que "escoitar o PP ponlle a unha os pelos de punta porque a súa irresponsabilidade chega a uns extremos de desvergoña total e absoluta, porque cando hai que poñer solucións é cando se goberna". Salió así al paso de una propuesta hecha por el PP después de que el exconcejal Miguel Couto apuntara a la dinámica interna del servicio de urbanismo para explicar su decisión de dimitir.

Méndez, en tanto, agregó que es consciente de los problemas. En ese sentido, afirmó que la plantilla cayó de unos 800 funcionarios a tan solo unos 600. Defendió que se está intentando corregir la situación y, así, indicó que el servicio de arquitectura ha pasado ya de tener tres arquitectos a cinco.

Defendió también los pasos dados para mejorar la situación, como la aprobación de la RPT o la ampliación de la oferta de empleo público. Añadió que la creación de la bolsa de empleo público es otro bálsamo para cubrir "dun día para outro" las bajas de los funcionarios, un proceso que antes se perpetuaba durante meses porque había que realizar un proceso selectivo para cubrir los puestos.

"Levo traballando neste labor durante os últimos seis anos", defendió Méndez, que recalcó que entre 2015 y 2020 se hicieron ofertas públicas de empleo en el Concello, a excepción del año 2019, cuando no se convocaron plazas por falta de presupuesto, dijo.

"Se se xubilaban varios traballadores, eu só podía cubrir o 50 por cento das prazas que quedaban vacantes no Concello"

En estos momentos la tasa de reposición de puestos de la administración municipal se sitúa en un 75%, aseguró Lara Méndez, que afirmó que cuando llegó al gobierno local esa tasa estaba en un 50 por ciento. "Si se xubilaban varios traballadores eu só podía cubrir o 50% das prazas", argumentó.

En tanto, el PP consideró este lunes que las explicaciones de la alcaldesa son una "cortina de humo" y criticó que "se niega a asumir responsabilidades". Los populares instaron a la regidora a realizar la auditoría que propuso este lunes Antonio Ameijide, viceportavoz de la formación que cree clave esa fórmula para solucionar el bloqueo.

UNA CRISIS EN CIFRAS. El PP apuntó este lunes que la crisis en el departamento de urbanismo se puede apreciar en los ingresos que genera ese departamento. Así, mientras que en los presupuestos se contemplaba ingresar el año pasado 2,7 millones en concepto de plusvalía, la recaudación final fue de solo 529.876 euros, un 19,6 por ciento de lo previsto.

Según la liquidación del presupuesto del 2020, la caída de ingresos sobre lo previsto también refleja el bajo ritmo en la concesión de licencias. Así, se contemplaba recaudar dos millones por el impuesto de construcciones y obras y al final solo se ingresaron 717.262 euros, un 35,8 por ciento de lo contemplado. Por licencias urbanísticas, el Ayuntamiento preveía ingresar 800.000 euros y solo recaudó 337.916, un 42,2 por ciento. Por las licencias de apertura de negocios, la previsión era lograr 300.000 euros, pero ingresaron al final 96.753, un 32,2 por ciento de lo contemplado.

Antonio Ameijide sostuvo que los datos reflejan la situación del servicio y rechazó que la caída de ingresos se pueda achacar al covid, dado que la construcción "está tirando". El crecimiento se da en todas las ciudades y el problema en Lugo está en el colapso en la concesión de licencias, dijo.

En tanto, el concejal de Ciudadanos Juan Vidal Pardo sostuvo este lunes que "la estrategia del avestruz practicada por Méndez (en relación a la situación de urbanismo) es una constatación más de que no es la persona idónea para liderar el futuro del municipio".

"La ciudad está bloqueada", dijo Vidal Pardo, que recordó que desde hace años se repiten las denuncias por problemas como la planificación urbanística, el retraso en la consecución de licencias o la situación con el PXOM.

En tanto, Carmen Figueiras, presidenta en Lugo del Colegio de Arquitectos, volvió a polemizar por la situación y dijo que "obviamente", hay problemas en arquitectura y urbanismo, pero ese problema es de "número" y también de "operatividad", sostuvo.

¿Y si influye el factor del miedo?
Los problemas en urbanismo no son una novedad. Los titulares sobre, por ejemplo, las largas demoras para la obtención de licencias se han hecho habituales en los últimos años. El problema está en la calle desde hace mucho y en el análisis que hacen muchas veces los afectados no falta el miedo a actuar que se atribuye a los técnicos.

JUDICIALIZACIÓN. Muchas de las decisiones municipales de los últimos años que han acabado mal y que han acabado siendo objeto de procesos judiciales han ido acompañadas de informes técnicos. Ocurrió en casos como O Garañón o la Fábrica de la Luz y el temor de los funcionarios a acabar ante el juez se interpreta desde hace años como un factor clave en la ralentización de proyectos y licencias.

El problema es que la lenta tramitación de proyectos afecta a la economía y causa desconfianza en los inversores.