HASTA 1972, la muralla quedaba escondida detrás de las casas adosadas que la rodeaban haciendo de sus viejos muros una pared más, en este caso la trasera. Las viviendas rodeaban todo su perímetro y apenas se podía adivinar la forma del monumento romano más que por los cubos que sobresalían por encima de las casas.
Así estuvo años y años, quizá incluso siglos, hasta que, hace ahora justamente medio siglo, el Consejo de Ministros tomó una decisión que cambiaría por completo el aspecto de la muralla, que ya había sido declarada, en 1921, Monumento Histórico-Artístico.
La propuesta fue hecha por el ministro de Educación y Ciencia de entonces, José Manuel Villar Palasí, un valenciano considerado el padre de la EGB, el BUP y la FP y que también creó la Uned.
El decreto solo disponía de un único artículo, que decía: "Para la mejor conservación y utilización de la muralla de Lugo se declara de utilidad pública, a los efectos que determina el artículo 10 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, la expropiación de los inmuebles adosados a la muralla romana".
Un decreto del Ministerio de Educación daba vía libre, en 1971, a la expropiación de 85 edificaciones pegadas al monumento
Seguidamente, incluía una relación de los propietarios afectados, cuyas viviendas se repartían en los siguientes tramos: Ronda de Castilla, donde había 16 edificaciones; Ronda de los Caídos, con 55; Ronda del General Primo de Rivera, con 7 edificaciones, y Ronda del General Sanjurjo, donde había 7 viviendas. En total, fueron 85 edificaciones adosadas a la muralla que fueron expropiadas a sus dueños y, posteriormente, derribadas en la operación Muralla Limpia.
El decreto fue muy bien acogido por la corporación local que, unos días antes, criticó, en la anterior permanente municipal -nombre que recibía el pleno- la lentitud de la operación Muralla Limpia, puesta en marcha bajo el auspicio de Ramón Falcón, un lucense que ocupaba el cargo de subdirector general de Bellas Artes.
Un informe realizado por el arquitecto municipal valoraba los terrenos y los edificios adosados a la muralla en 300 millones de pesetas, según informaba El Progreso. Sin embargo, el cronista estimaba que se pagaría mucho menos "porque, en un elevado número de casos, los inmuebles han sido construidos en precario con una concesión puramente administrativa, sin propiedad ni derecho sobre ella".
Tras conocerse la noticia, llovieron los telegramas de agradecimiento de distintas entidades políticas y sociales lucenses, tanto al ministro de Educación y al director y subdirector general de Bellas Artes. Aun así, la muralla todavía tardaría tres años en verse libre de casas.
