La Consellería de Medio Rural informó de que, "como non podía ser doutro xeito", acatará la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que recientemente declaró ilegales 107 metros de pasarela de madera construida en Orbazai, a menos de cinco metros del río Mera, en la zona de servidumbre de paso de cuatro fincas privadas.
El tribunal ordena que estos cuatro tramos sean levantados y, aunque la Xunta también podría tratar de llegar a un acuerdo económico con los propietarios, parece haber optado por lo primero, según la explicación que da la consellería: "Estamos analizando as actuacións a adoptar e, en canto as definamos e perfilemos, executaremos o que nos ordena o Tribunal. Arestora estamos avaliando en que partes hai que actuar, calculando o orzamento da obra, e a continuación procederase a executala", señaló.
La sentencia del TSXG es un reproche a la actuación de la administración local
El TSXG deja abierta la vía a que puedan volver a instalarse las pasarelas si se inicia y completa un expediente legal de expropiación y se acuerda un justiprecio con los propietarios, aunque se desconoce cómo procederá la administración. La pasarela forma parte de una de las rutas cicloturistas y de senderismo más transitada y apreciada por los lucenses y fue colocada para dar continuidad al sendero en las partes en que este no es transitable. Una alternativa sería desviar la ruta por arriba, por el monte Segade.
La sentencia indica que también debe ser retirado un banco que fue instalado para que los paseantes descansen, así como cinco postes indicadores de la ruta. En principio, había un acuerdo con los propietarios del monte Segade, por donde transcurre la ruta, para que esta pudiera atravesar sus terrenos, pero al final la Xunta instaló las pasarelas en unas fincas que habían sido adjudicadas a unos vecinos dentro de un proceso de concentración parcelaria aprobado por la propia Xunta.
PLEITO. Los dueños de las fincas tuvieron una larga lucha administrativa y judicial para hacer valer sus derechos, que fueron reconocidos por el TSXG. Este señala que, efectivamente, los propietarios de terrenos pegados a cauces tienen obligación de dar una servidumbre de paso (en realidad, son zona de servidumbre pública cinco metros a cada lado),"pero no, lógicamente, a colocar pasarelas o establecer cualquier otra obra que agrave el ejercicio de esa servidumbre, lo que aquí equivaldría a ejercer el tránsito a pie de manera ordinaria, pero no se pueden construir unas pasarelas con una infraestructura propia de una ruta cicloturista".
La sentencia del TSXG es un reproche a la actuación de la administración local, que durante años intentó dilatar de distintas formas el proceso de reclamación de los propietarios de los terrenos. Por ejemplo, les obligó a completar un procedimiento judicial para demostrar que eran sus fincas y no monte comunal, a pesar de que la propiedad les fue asignada por la propia administración a raíz de una concentración parcelaria.
Ahora, la Consellería de Medio Rural parece decidida a resarcir el daño, aunque no está claro de qué manera se podrá mantener la ruta, también conocida como Ruta dos Muíños, ni qué coste tendrá para las arcas públicas. El departamento que dirige Ángeles Vázquez recalca que "a aprobación da obra non foi responsabilidade deste Goberno senón que data xa da época do bipartito da Xunta".
