Addil Antonio Tovar Idalza enseña su primera tarjeta roja que le fue concedida hace unos días en Lugo -donde reside desde el pasado mes de enero- y que demuestra que está en curso su trámite de solicitud de asilo político y protección internacional. Este traumatólogo, que trabajaba en el Hospital Militar Vicente Salias Sanoja -donde es tratado el presidente del Gobierno, Nicolás Maduro, y su cúpula y donde operó al actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello- acabó huyendo a España -con su mujer, Johanna Mercedes Teriffe Barandela, médica y cirujana plástica de la Academia Militar del Ejército Bolivariano- porque, dice, no podía soportar el acoso al que era sometido para falsear los informes médicos de presos políticos. Allí estuvo desde diciembre de 2017 a junio de 2018.
"Llegamos a España el pasado 31 de octubre y estuvimos en Madrid hasta enero, cuando nos vinimos a Lugo porque Johanna es hija de gallegos emigrados a Venezuela y tiene familia aquí. Ella solicitó el arraigo y yo, la protección internacional. Estamos en una situación en la que ninguno de los dos podemos trabajar -mientras no se resuelven nuestro papeles y no homologan nuestros títulos de médicos, proceso que está tardando casi año y medio- y nos resulta muy frustrante hasta el punto de que estamos luchando con la depresión pero, aun así, aquí nos sentimos libres y tranquilos. Allá, el acoso que teníamos del Gobierno era insostenible y fuimos testigos de muchas cosas que no podíamos contar porque si lo hacíamos, nos llevarían presos. Nos vinimos para acá alegando que íbamos de vacaciones porque Johanna tiene aquí familia. Ahora, si volvemos, tenemos claro que o nos matan rápido o lento, pero nuestras vidas correrían serio peligro", dicen.
Llegó un momento en que la presión psicológica que tenía Addil encima, cada vez que lo llamaban para hacer un informe médico de los presos, era insoportable. Durante el pasado año, comenzaron las visitas de los miembros encapuchados del Sebin, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que -según cuenta- aprovechaban sus guardias de madrugada para ir a buscarlo al hospital, sacarlo con una bolsa en la cabeza y conducirlo al sótano del Helicoide -la sede del Sebin-, a un lugar conocido como La Tumba, a metros bajo tierra donde están los presos.
"Allí hay desde políticos, militares de alto rango o personas de la calle que agarraban en las manifestaciones. También médicos que no estaban de acuerdo con el trabajo que los obligaban a hacer. Estas personas las tienen retenidas en La Tumba, el sótano del Helicoide, unos cinco o seis pisos bajo tierra, incluso por debajo del metro. Iba escoltado por un "sebin" por cada lado. Era como un túnel muy estrecho, se veían a ambos lados las celdas individuales en las que solo cabía una persona, con los presos desnudos en posición fetal. El espacio era tan reducido que no podían ni levantarse. No había luz natural ni ventilación, una persona de altura normal no cabe de pie", asegura.
Lo que afirma que veía allí Addil no aparecía en los informes médicos que luego se enviaban a las familias, pero sí que lo denunció -en su trámite para solicitar la protección internacional- ante el Ministerio del Interior español. "Me llevaban a una sala en la que realizaba un chequeo médico a los presos. Me los hacían llegar uno a uno y me obligaban a realizar un informe médico en el que, a pesar de las condiciones del preso, tenía que certificar que esa persona estaba en perfectas condiciones. Llegué a ver cómo la mayoría de ellos estaban en estado de desnutrición y somnoliento, como bajo los efectos de algún narcótico, no estaban orientados en tiempo, espacio y persona. Muchos golpeados y con fracturas, con hematomas generalizados en abdomen, piernas y brazos. Yo me encargaba de la parte musculoesquelética. Si veía a una persona con una fractura clara, le colocaba una férula o lo inmovilizaba o colocaba yeso pero tenía que decir que solo existía un traumatismo", cuenta.
También vio, según dice, los instrumentos con los que se practicaban torturas. "Desde el pasillo observaba cómo en el techo de cada celda había un grifo para tirarles agua a los presos. Las bombillas eran de una luz blanca cegadora y estaban siempre prendidas para que no pudieran dormir, también para torturarlos. Algún militar me contó que, cuando los presos no querían hablar, utilizaban el método de tirarles agua y conectarles cables a los testículos. Me decían, riéndose, que alguno llegaba a orinarse o hacerse las necesidades. Una vez que terminaban los chequeos, me colocaban otra vez la bolsa en la cabeza y me llevaban al hospital o a mi casa", afirma.
Ejercer como médico en Venezuela no está siendo fácil. Algunos doctores están en la cárcel, según Johanna, "solo por atender a los opositores a Maduro, heridos en manifestaciones". A otro compañero asegura que "le cortaron los tendones de las manos porque su pareja, una soldado, desertó del Ejército y todavía no apareció".
HUIDA. Johanna y Addil vendieron todo y se vinieron. Alegaron que iban de vacaciones. En el aeropuerto, cuenta que les quitaron los ordenadores portátiles, los móviles, la ropa y documentación. Pero ahora esperan rehacer su vida en Lugo con un trabajo y su familia. "Nos pasamos media vida laborando en la salud y tuvimos que vender el instrumental médico, coches y pisos (hasta los tenedores) y empezar de cero. Venirse es caro. El sueldo de un médico ahora en Venezuela es de 5 euros al mes y sacarse el pasaporte cuesta 5.000 euros. Hay compañeros que se van andando o en bici a Ecuador, Perú o Chile porque no tienen para el pasaporte ni el vuelo a España", dice Johanna.
