La matrona acusada de un delito de revelación de secretos por acceder al historial médico de su exmarido reconoció este jueves que consultó los datos su pareja, pero aseguró que lo hizo "siempre" con el consentimiento del hombre.
La mujer explicó que accedía a la base de datos del Sergas para mirar el resultado de las analíticas de su compañero y para pedirle citas o consultar si tenía disponible su medicación. "El centro de salud en el que yo trabajaba no le correspondía por domicilio, pero él pidió el cambio porque le resultaba más fácil que le tramitase yo todo. Cada vez que le miraba una analítica se la mandaba a él por correo, así que yo no consultaba los resultados por ningún tipo de interés personal. Él se beneficiaba de lo que yo podía hacer por mi condición de sanitaria. De hecho, en el centro de salud había una media de 15 días de espera para hacer una analítica y se puede comprobar que él tenía el volante y la analítica el mismo día. A veces, hasta le hacía yo la extracción de sangre en casa para que no tuviera que ir al centro. Todos los accesos a su historial médico fueron con su consentimiento", aseguró.
El ministerio fiscal y la acusación particular —que piden para la acusada cuatro y tres años de cárcel, respectivamente— mantienen que la mujer presentó una demanda de divorcio en febrero de 2018 en la que hacía constar que su marido se encontraba en tratamiento psiquiátrico con antidepresivos, "información de la que hizo uso la acusada, a fin de que le fuera atribuida la custodia de sus dos hijos menores".
Las compañeras de la acusada, que afronta 4 años de cárcel, dicen que miraba el historial para evitarle esperas y "beneficiarle"
Según las acusaciones, la matrona obtuvo esta información "tras acceder, sin estar autorizada, a la historia clínica del denunciante». Sin embargo, la médica de familia del hombre aseguró en el juicio que su paciente acudía siempre a la consulta acompañado por la acusada y que le recetó la medicación para la ansiedad en su presencia. "Venían siempre juntos, como muchos matrimonios, y siempre hablé de diagnósticos y tratamientos en presencia de ambos. Muchas veces comentaban que, cuando estuviera la analítica, pedirían otra cita y que ya estaba ella pendiente de los resultados. Él era plenamente conocedor de que mujer accedía a su historia clínica".
El hombre, por su parte, negó estos hechos y contó que siempre iba al médico "solo" y que no hablaba con su mujer de los diagnósticos. Dijo además que nunca autorizó a su mujer a consultar su historia clínica y que no le dijo que tomaba ansiolíticos "Es verdad que me enviaba por correo los resultados de las analíticas, pero yo no se lo pedía. No sé por qué lo hacía", señaló.
El denunciante insistió en que en que su mujer obtuvo sus datos médicos sin permiso y los usó para evitar que les dieran la custodia compartida. La acusada aseguró que el hombre la denunció porque ella no quiso ceder a sus pretensiones económicas en el divorcio y que él le dijo varias veces que si cambiaba de opinión, retiraría la denuncia.
La mujer presentó incluso grabaciones de conversaciones telefónicas, pero no fueron admitidas. El juicio quedó visto para sentencia.
La acusación de Fiscalía
Según la acusación pública, la mujer presentó en febrero de 2018 una demanda de divorcio en la que hacía constar que su exmarido "se encontraba a tratamiento psiquiátrico con antidepresivos" con el fin de que le fuese atribuida la custodia de sus dos hijos menores.
La acusada consiguió esta información, tal y como mantiene la fiscalía, accediendo a ese historial clínico sin autorización, del que disponía por su condición de matrona en un centro de salud de Lugo.
La mujer consultó este expediente médico hasta en ocho ocasiones entre diciembre de 2016 y enero de 2018, según afirman.
La abogada del hombre, Pilar Núñez Torrón, avanzó antes de entrar en sala que iba a plantear "la culpabilidad de la matrona", hechos por los que pedirá "cuatro años de prisión, más la inhabilitación de tres años".
La letrada de la matrona no quiso realizar declaraciones, aunque la acusación particular confirmaba que la acusada "niega los hechos", unos hechos por los que tanto fiscalía como acusación particular piden cuatro años de prisión.
