La Xunta de Galicia, y más concretamente la Consellería de Traballo e Benestar, tiene abiertos actualmente en Lugo un total de 512 expedientes de protección de menores. La cifra asusta, ya que significa que más de medio millar de niños y adolescentes de la provincia viven en un entorno hostil, en mayor o menor medida, que los coloca en una situación de riesgo o desamparo.
Hay casos terribles y otro casos que, sin serlo tanto, necesitan que la administración actúe para reconducir la situación antes de que el problema crezca. Para diferenciarlos, los servicios de protección de menores de la Xunta distinguen entre niños en situación de riesgo y aquellos que se encuentran en desamparo.
En el primer caso, los menores no están privados absolutamente de la asistencia moral y material que necesitan, pero están desprotegidos en alguna faceta de su vida. Cuando esto sucede, la administración interviene, pero el menor sigue residiendo en su domicilio y con su familia.
«Cuando determinamos que un menor está en una situación de riesgo no suele haber un motivo único. Por lo general, hay una problemática sociofamiliar que abarca varios ámbitos. Puede que el niño no pase hambre ni esté abandonado, pero a lo mejor no está bien alimentado, no sigue unas rutinas adecuadas para su desarrollo, no asiste regularmente a clase, o no tiene unos hábitos de higiene básicos. En estos casos, se ponen en marcha diferentes programas de intervención familiar para mejorar estos aspectos», explican .
Cuando la situación de desprotección es más grave, se considera que el menor está en desamparo y se pone en marcha un mecanismo mucho más complejo. De entrada, el niño es separado de sus progenitores y pasa a residir en un centro o en una familia de acogida.
SEPARACIÓN. Según los datos facilitados por Traballo e Benestar, actualmente hay 170 menores en Lugo que están bajo tutela (149) o guarda (21) de la administración, alejados de sus familias. Y también aquí existen diferencias entre una situación u otra.
Cuando la Xunta tiene la guarda, la patria potestad de los menores es compartida. Así, aunque la adminstración tiene la custodia del niño, su familia puede seguir tomando algunas decisiones con respecto a él. Sin embargo, si se asume la tutela, la familia pierde la patria potestad y deja de tener contacto alguno con el pequeño.
«En los casos de guarda, la Xunta asume temporalmente el cuidado del menor. Por ejemplo, si el niño vive solamente con su madre, no tiene más familia, y ella tiene que ingresar en prisión, la administración asume su custodia durante el tiempo necesario. También puede ser una guarda impuesta por el juzgado. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la solicitan los padres porque su hijo -generalmente adolescente- tiene problemas de conducta y ellos no son capaces de controlarlo», aclaran desde Traballo.
En los casos más dramáticos, cuando el menor necesita una protección más intensa, la administración asume por completo su tutela.
A fecha de 31 de julio -cuando se hizo la última actualización estadística- había exactamente 149 menores tutelados en la provincia de Lugo. Demasiados, sin duda, ya que se trata de niños con una infancia truncada por unas circunstancias de las que no tienen culpa.
MOTIVOS. Tal y como exponen desde el departamento de Menores, las causas por las que un niño es separado por completo de sus progenitores son muy diversas. «Siempre se valora primero la posibilidad de que el menor permanezca con su familia. Cuando se separa de ella, es porque la situación es realmente preocupante», aclaran.
En la provincia de Lugo, la mayor parte de los pequeños tutelados por la Xunta de Galica proceden de familias con una problemática sociofamiliar importante. Se trata de núcleos familiares desestructurados a los que se suman otras dificultades, como la falta de medios económicos o la adicción al alcohol o a las drogas. En este apartado se enmarcan cerca del 40% de los expedientes de tutela abiertos en Lugo.
El resto de los supuestos resultan todavía más sobrecogedores. Y es que la administración tutela actualmente a 28 menores lucenses por abandono o negligencia física, a otros cinco por haber sido víctimas de malos tratos, a cuatro porque son incapaces de controlar su conducta, a otros tres por sufrir abusos sexuales, y a uno por explotación.
ACOGIDA. Cuando los menores tienen que dejar su hogar en estas circunstancias, la Xunta los reubica en un centro tutelado o en una familia de acogida. Cada caso se analiza al detalle para buscar la mejor alternativa, en función de las circunstancias del menor y de las posibilidades que haya en ese momento.
«Cuando son menores con problemas de conducta, por ejemplo, es difícil encontrar una familia que esté dispuesta a asumir esa responsabilidad, así que se les busca plaza en un centro. Si el niño es pequeño y va a ser una separación temporal, por algún problema puntual de sus progenitores, entonces procuramos que residan ese tiempo con una familia de acogida», comentan.
En la provincia lucense, 57 menores residen actualmente con familas acogedoras, mientras que el resto -más de un centenar- viven en centros habilitados por la administración.
MODIFICACIONES. Todos estos mecanismos enfocados a la protección del menor se verán reforzados con la nueva Ley de la Infancia y la Adolescencia, que acaba de entrar en vigor hace apenas dos semanas, el pasado 18 de agosto. El nuevo marco normativo abarca una veintena de leyes, no sólo el Código Civil y la de protección del menor, sino también la de Extranjería, la de la Seguridad Social, la de Dependencia o la de Violencia de Género.
Desde la Consellería de Traballo e Benestar explican que la novedad «más importante» de esta ley es que exige mayor colaboración de los padres en las situaciones de niños en riesgo. «Cuando se hace un seguimiento de un menor que continúa residiendo con sus progenitores, estos tienen que colaborar para paliar la situación que motivó el riesgo. Si no existe esta colaboración, pasará a declararse en situación de desamparo y se les retirará la patria potestad».
Llegado este caso, La ley prima el acogimiento familiar frente al residencial, y ya no requiere contar con el visto bueno de la familia de origen a la hora de elegir a la de acogida, sino que será la propia administración la que decida, lo que permitirá ahorrar tiempo. También se reforzará el acogimiento familiar de los menores de seis años.
VIOLENCIA DE GÉNERO. Otro cambio relevante es que la nueva ley reconoce como víctimas directas a los hijos de mujeres afectadas por violencia de género.
En la actualidad, ni la Consellería de Traballo e Benestar, ni la Policía Autonómica -ambos con competencias en materia de protección de menores- disponen de un registro concreto de niños con esta problemática. Y es que, hasta ahora, si el menor estaba bien atendido con la familia materna y no había sufrido maltrato, no había motivo para intervenir. «A partir de ahora», explican desde la Xunta, «se abrirá un expediente y se hará un seguimiento del caso».
La nueva ley dice textualmente que, «cuando los menores se encuentren bajo la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento de una víctima de violencia de género o doméstica, las actuaciones de los poderes públicos estarán encaminadas a garantizar el apoyo necesario para procurar la permanencia de los menores, con independencia de su edad, con aquélla, así como su protección, atención especializada y recuperación».
Además, los jueces deberán pronunciarse de forma obligatoria en cada caso de violencia machista sobre las medidas cautelares de protección a los menores afectados, como la suspensión del régimen de visitas, las estancias, o la relación y la comunicación con el inculpado.
Con estas medidas se intentarán evitar -en la medida de lo posible- casos como los registrados este verano en Moaña y Castelldefels, donde dos hombres acabaron incomprensiblemente con la vida de sus hijos.
En la provincia de Lugo hay 170 niños que viven separados de su entorno, de los que 57 residen con familias de acogida La nueva Ley de la Infancia, que entró en vigor hace dos semanas, obliga al juez a dictar medidas sobre los hijos de maltratadas
