El plan de reestructuración del mapa de transporte de pasajeros por carretera que dise- ña contrarreloj la Xunta tras una sentencia de la Justicia europea de 2016, que desembocó en la renuncia de varias empresas a sus concesiones y que amenaza con dejar colgadas 578 líneas de autobús en toda Galicia a partir del 7 de agosto, echará a andar hoy de forma oficial con la publicación de los 42 nuevos contratos llamados a cubrir esas rutas vacantes. Se trata de 38 concesiones zonales y cuatro de larga distancia, de las que 13 tocan territorio lucense.
Como avance de esa primera fase del plan, llamado a dar un giro radical no solo al mapa de autobuses sino también a la propia concepción del servicio, el Diario Oficial de Galicia (DOG) ya publicó ayer el acuerdo que permite integrar las líneas de transporte escolar en el de uso regular, una fusión que representa la piedra angular del nuevo proyecto. La Consellería de Infraestruturas e Vivenda, con las competencias en transporte, avanzó ayer que en esta fase inicial un 10% de las líneas escolares que operan en la comunidad podrá llevar a otros usuarios. En el caso de Lugo, ese porcentaje sube a un 12%, ya que se estima que algo más de 40 de las 350 rutas escolares existentes pasen a formar parte del llamado transporte integrado.
En Ourense, por ejemplo, esa fusión afectará al 58% de las líneas escolares y en Pontevedra, apenas a un 8%, debido a que la mayoría del transporte escolar gallego no se concentra en las zonas rurales sino en las urbanas, donde el nú- mero de alumnos es mucho mayor y los buses viajan a menudo completos y sin ninguna vacante para usuarios adultos.
FUNCIONAMIENTO. La red de transporte escolar gallego, con 3.771 rutas y 250.000 paradas en Galicia, es muchísimo más extensa que la convencional o de uso general, de forma que la Xunta pretende aprovecharla para transportar a vecinos del rural a los principales núcleos municipales o comarcales, que es donde se concentran a menudo los servicios básicos: colegios, centros de salud, bancos y consistorios. "Reforzar a oferta de mobilidade rural, mellorar o servizo, incrementar a cobertura territorial e dotalo dunha xestión máis eficiente", resumen al fijar retos desde la consellería, donde consideran que la palabra clave del plan es "aproveitar".
En el transporte integrado, las competencias sobre el servicio pasarán de la Consellería de Educación a la de Infraestruturas
La prioridad siempre son los alumnos, ya que el bus escolar hará su ruta de siempre en tiempo y hora, sin sumar paradas. Al contrario, son los vecinos los que podrán acudir a esos apeaderos para usar el transporte, hasta el punto de que se llegarán a multiplicar por dos o por cuatro sus posibilidades de subirse a un autobús. Una vez el chófer deje a los niños, bajará también al resto de pasajeros si comparten destino o bien podrá prolongar su ruta hasta otro lugar cuando no es el mismo.
En todos los casos en los que convivan alumnos y adultos en un viaje habrá la figura de un controlador, cuyo puesto deberán habilitar las empresas adjudicatarias de los servicios. Con esta medida las consellerías de Infraestruturas y de Educación consiguieron vencer la reticencia de algunas Anpas a este plan piloto, que opera con éxito en Asturias o Castilla y León.
¿Y qué ocurrirá en las épocas no lectivas como vacaciones o puentes? Pues que se activará otro de los mecanismos que contempla el plan: el transporte a demanda, que funcionará con taxis y microbuses y que se centralizará a través de un número de teléfono y una centralita para atender a los usuarios e ir perfilando el servicio en base a sus necesidades. En este sentido, la Xunta destaca el elevado grado de consenso alcanzado con colectivos como los taxistas, afectados por el plan.
CONTRATOS. Tras unos meses de trabajo intenso, encuentros con el sector, consultas a expertos y encuestas a los concellos, el proyecto del transporte echa hoy a rodar con la salida a información pública de los 42 contratos de esta primera fase del plan, que son los más urgentes ya que deben cubrir las rutas a las que renunciaron algunas empresas y cuyos servicios dejarán de prestar el 7 de agosto. Así, durante 10 días naturales estará expuesto el mapa de transportes, con los proyectos de explotación de las líneas agrupadas en paquetes por áreas.
Hay contratos de distinto volumen para no excluir a las empresas familiares, que además podrán aliarse en Utes para ‘pillar cacho’
En el caso de esos 42 contratos, la inmensa mayoría (38) son los denominados zonales, correspondiendo siete de ellos a la provincia de Lugo de forma exclusiva —se identificarían más o menos con las comarcas de A Mariña, Terra Chá, Lugo, Sarria, Chantada, Meira y A Fonsagrada— y dos más compartidos con otras provincias —los de Palas de Rei y Monforte—. En total afectarían a 48 de los 67 ayuntamientos de la provincia, mientras que en 19 los servicios se mantendrán igual por ahora al no producirse renuncias.
Mientras, los cuatro contratos restantes que se adjudicarán son los denominados de largo recorrido y todos tocan la provincia: uno es el que une la capital lucense con A Mariña, Ferrol y A Coruña; otro el que comunica Lugo con Vigo y Pontevedra; un tercero que enlaza con Santiago; y el cuarto afecta a la zona sur, al comunicar Ourense con la zona de Valdeorras por Monforte de Lemos.
De esta forma se confirma que Lugo es una de las provincias más afectadas por esta primera fase del plan de transporte que diseña la Xunta, al producirse meses atrás la renuncia al 60% de las líneas, solo por detrás del 80% de vacantes que quedarán en Ourense y bastante por encima del 40% de Pontevedra y A Coruña, donde tendrá más incidencia la segunda fase.
Los 42 contratos que ahora se publican y que supondrán un negocio de alrededor de 50 millones de euros tendrán de arranque una duración de dos años, una especie de periodo transitorio hasta que a finales de 2019 esté plenamente operativo el nuevo escenario.
CRONOGRAMA. A estos diez días de exposición pública le seguirá el siguiente paso, a finales de junio, en forma de invitación a las empresas de transporte a conocer los pormenores del plan. Será en ese momento cuando se definan los criterios de inclusión y licitación de los contratos, que se tendrán que adjudicar en julio para que el 7 de agosto puedan estar plenamente operativos, según estiman las consellerías de Infraestruturas y de Educación.
Aunque es aventurado hacer previsiones, la Xunta confía en que no quede desierta ninguna de las adjudicaciones y para ello ya diseñó los contratos zonales en paquetes que resulten ‘atractivos’ para las empresas prestadoras de servicios, garantizando un equilibrio económico que las convierta en rentables. Como se podrá comprobar hoy, también existen ofertas de distinto tamaño, lo que garantizará el acceso a las pequeñas compañías familiares, evitando que el pastel acabe solo en manos de los los principales operadores del mercado. También se contempla para las pequeñas líneas la posibilidad de presentarse a través de uniones temporales de empresas (Ute) con otras compañías o incluso con taxis para acceder a determinadas rutas.
Y si todavía con estas garantías quedase algún contrato vacante, la Xunta "garantiza" que tiene todo previsto para que nadie se quede sin autobús en Galicia.
