Más de 2.200 escolares lucenses están citados con la polémica reválida de 6º

Alrededor de 2.200 alumnos de sexto de primaria están convocados esta semana para realizar la reválida, la evaluación diagnóstica que marca la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), según los datos ofrecidos por la Consellería de Educación. Sin embargo, es muy probable que mañana, el jueves y el viernes -los días que se desarrollarán las pruebas-, las cifras de asistencia a clase bajen considerablemente debido a la oposición frontal de la mayoría de asociaciones de padres y sindicatos de enseñanza, que han pedido a las familias que, si pueden, no envíen a sus hijos al colegio esos días para manifestar su desacuerdo. Ese es, por otra parte, el único modo de evitar la evaluación, puesto que todos los escolares que acudan a los centros esos días tendrán que someterse a ella, quieran sus familias o no.

Las pruebas no son una reválida en sentido estricto porque de ella no dependerá que el alumnado supere o no esta etapa, como sí sucederá con las que la Lomce contempla para la enseñanza secundaria y el bachillerato, que pueden determinar que el alumno consiga el título o no. Las pruebas de evaluación que emanan de la Lomce han creado polémica desde la misma tramitación de la ley, y esta rebrota con fuerza cada vez que se convocan. La Consellería de Educación intenta rebajar su trascendencia e insiste en que tanto la ‘reválida’ de sexto como la de tercero de primaria -prevista para los días 24 y 25 de este mes- solo tienen "carácter estritamente informativo e orientador" y que no tendrán "efectos no expediente académico dos alumnos". Frente a esto, colectivos de padres, como los vinculados, como la Federación Provincial de Anpas de Lugo (Fapacel), indican que los resultados, además de a las familias y al centro, también llegarán a los institutos donde el escolar cursará la educación secundaria y estos datos pueden afectar a la organización de grupos en función de su desempeño, por ejemplo.

SIN RÁNKINGS. La Consellería insiste también en que los resultados no servirán para hacer ránkings de centros, una posibilidad que los detractores de la ley han denunciado constantemente. Esta prohibición quedó, negro sobre blanco, en el BOE a finales de abril. Sin embargo, hasta que no se haga la trasposición autonómica de la ley, no concierne a las comunidades, sino solo a Ceuta y Melilla, que dependen directamente del Ministerio de Educación, matiza Belén Díaz, presidenta de la Fapacel, para quien, no obstante, este cambio es una victoria que debe atribuirse a la contestación popular, que ha obligado al Gobierno a ir haciendo "cesiones".

La Consellería de Educación quiere que las familias consideren la prueba como "unha ferramenta diagnóstica máis", que ayuda "a ter información adicional" que permite, "no caso de detectarse algunha carencia, actuar de xeito personalizado e específico para solucionala", además de ser útil para poner en marcha programas de mejora educativa. Sin embargo, para quienes están en contra, este argumento no tiene cabida y menos en el caso de sexto de primaria porque, dicen, se realiza a finales de una etapa educativa, cuando ya no queda apenas capacidad de maniobra para que ese alumno mejore en sus carencias.

Tanto los sindicatos como las asociaciones de padres de colegios públicos y muchos docentes a nivel particular consideran que la evaluación atenta contra el principio de evaluación continua que debe regir la enseñanza y ningunea el criterio del profesorado, que conoce perfectamente la evolución de los alumnos a su cargo.

PREPARACIÓN. Belén Díaz asegura que muchas familias han comentado que en que en los centros donde estudian sus hijos la evaluación no ocupa solo las tres jornadas de celebración de las pruebas, sino que se preparan con anterioridad. "Incluso se está dejando de impartir materias como Educación Física, Plástica y Ciencias Sociales, que no entran, para prepararlas", señala, haciendo notar que eso desvirtúa la esencia de la propia evaluación e impide completar la carga académica del curso.

El procedimiento para llevar a cabo las pruebas también genera malestar entre sindicatos, Anpas y profesores. Aunque inicialmente iban a ser externas, en realidad las llevan a cabo los propios docentes, con la única limitación de que debe hacerlas un profesor que no dé clase a ese grupo de alumnos. Este procedimiento, señalan, les resta imparcialidad.